CCOO y UGT han reaccionado de forma inmediata a la publicación del laudo del conflicto laboral en los filtros de seguridad del aeropuerto de El Prat. Amenazan con judicializar la decisión del árbitro Marcos Peña. La confirmación de la mejora salarial que Eulen aceptó a mediados de agosto tras la intervención de la Generalitat como mediador.
La organización liderada en Cataluña por Javier Pacheco “estudia jurídicamente” si la decisión del Gobierno “vulnera derechos fundamentales como son el de huelga y el de negociación colectiva”. Proponen denunciar tanto los servicios mínimos decretados, del 99%, que consideran abusivos, como la decisión del consejo de ministros de activar el laudo como la vía de resolución del conflicto. UGT comparte activar ambos recursos, que se estudian a nivel estatal.
Negociación con la patronal
Junto a UGT, ha reclamado una reunión inmediata de la mesa negociadora del convenio sectorial de la seguridad privada. Un ámbito de diálogo social junto a las patronales --APROSER, FES y UAS-- que se debería activar, según su punto de vista, para negociar las “mejoras colectivas necesarias, así como regular las condiciones específicas para los centros de trabajo especialmente sensibles”, indican en una nota de prensa.
Los sindicatos señalan que la precariedad de los trabajadores del ámbito de la seguridad privada provocó en las protestas en los filtros de seguridad del aeropuerto catalán. También piden a las Administraciones Públicas que asuman su responsabilidad en el ámbito.
Garantías en la contratación pública
Aseguran que se deben mejorar las condiciones laborales en el “conjunto del Estado, con garantías en las contrataciones públicas adecuadas a la especificidad del sector”. Una crítica velada a la excesiva importancia del precio que se aplica en las licitaciones del ámbito.
CCOO y UGT alertan de que los “salarios bajos, las horas extra no remuneradas, la duplicidad de tareas, la mala planificación del trabajo y el progresivo deterioro de las condiciones laborales con cada cambio de empresa adjudicataria del servicio” son “regalas generalizadas en todo el sector”.
Reflexión y medidas globales
Por todo ello, piden una reflexión conjunta que derive en la implementación de medidas para acabar con situaciones tan bizarras como las “diferencias que existen en las condiciones laborales en los centros de trabajo” de las administraciones públicas.
Exigen que se aplique de forma “correcta” la directiva europea de Contratación Pública.