La Comisión Europea ha dictaminado este jueves que Iberpotash deberá devolver a España 5,8 millones de euros de ayudas públicas que considera que recibió de forma “ilegal”. En un comunicado, Bruselas explica que tras una “investigación en profundidad” queda probado que la actual ICL Iberia Súria y Sallent (cambió de nombre en 2014) se benefició de dos apoyos ilícitos.

En primer lugar, las autoridades le permitieron ofrecer garantías financieras “excesivamente bajas” para la restauración de sus explotaciones de potasa en Cataluña. Tanto la mina de Sallent, que aún está abierta gracias a una inusual prórroga de actividad en tiempo de descuento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y en Súria.

Decisión extraordinaria de los tribunales

Bruselas recuerda que las empresas que trabajan en explotaciones mineras deben aportar garantías a las autoridades públicas a las que se debería recurrir para restaurar las condiciones medioambientales del lugar de explotación. El objetivo de esta norma es asegurar un colchón económico al que el sector público podría recurrir si los privados fallan en su obligación de proteger el entorno.

Pero los tribunales españoles determinaron en 2006 primero y en 2008 después sin justificación, según las conclusiones del gobierno comunitario, garantías demasiado bajas para las dos minas de Iberpotash. Recuerda que las autoridades medioambientales regionales estimaron de nuevo los costes en 2016 y establecieron unas garantías con un nivel “significativamente” más alto.

Ayudas ilícitas para inversiones medioambientales

Las ayudas ilícitas que recibió la multinacional israelita ICL en España no se quedan aquí. La Comisión considera probado que se benefició de forma también inusual de una línea de financiación pública que cubría todos los costes para cubrir el impacto negativo de los residuos del pozo de Vilafruns.

Recuerda que la legislación vigente permite a los Estados cubrir parte de una inversión privada destinada a mejorar las condiciones medioambientales por encima de los niveles obligatorios. Pero Iberpotash estaba obligada a cubrir como mínimo el 50% de esta factura, cosa que no ocurrió.

Distorsión del mercado

Y esto es una distorsión del mercado. La empresa no tuvo que asumir los costes de protección del medio ambiente que sí deben hacer frente otras empresas rivales de la Unión Europea, lo que supone una ventaja competitiva indebida.

Por todo ello, Iberpotash deberá cambiar de signo en España. Bruselas le obliga a pagar tasas de garantías que “reflejen los verdaderos coses de rehabilitación de sus explotaciones hasta 2016” además de devolver el “exceso de costes de inversión que fueron asumidos al completo por las autoridades públicas”.