La Agencia Tributaria ha devuelto este agosto a Banco Santander 500 millones de euros derivados de la adquisición de Banco Popular. Esta cantidad no corresponde a ninguna ayuda pública vinculada a la operación, el Gobierno ha asegurado que no se ha usado ni un euro del erario público en este sentido. Se deriva de los créditos fiscales que la entidad tenía reconocidos en el momento de su quiebra.
Es decir, las compensaciones fiscales de las pérdidas de 3.611 millones de euros de 2016. El banco presidido por Ana Botín tenía la opción de liquidar el crédito con Hacienda o usarlo para rebajar las liquidaciones de impuestos futuros. Ha optado por la primera opción, con el consiguiente impacto en el déficit público español según indica El Confidencial. Lo sitúa en el 0,05% del PIB.
Consolidar la adquisición
El Santander ha movido ficha hacia una dirección que también le permite consolidar la compra del Banco Popular en un momento en el que se abren múltiples frentes judiciales la adquisición.
En el caso de que los tribunales llegaran a anular el proceso, sería más complejo revertirlo. La venta del 51% de la cartera inmobiliaria heredada del Popular al fondo Blackstone a principios de mes, una transacción poco habitual en época estival, también se enmarcaría en este objetivo.