España se mantiene en la cola en los plazos de pagos a proveedores. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha publicado este lunes un ranking elaborado a partir de los datos de Intrum Justitia en el que muestra como sólo las empresa de Grecia y Portugal liquidan sus facturas después que las del país en el sector privado.
El plazo medio oscila entre los 78 y los 82 días, indica el presidente de la organización, Antonio Cañete, en declaraciones a Crónica Global. Incumplen aún los 30 días fijados por la normativa comunitaria pero se mejora respecto a los 166 días que se tenía como plazo medio en 2007.
El sector público paga a 78 días
La ley aprobada en 2010 ha mejorado el tiempo que se tarda en liquidar una factura. El avance es significativo en el sector público, donde el plazo medio actual se sitúa en los 78 días, por delante de los 103 días de Grecia y los 95 que se tardan en Italia y Portugal.
Con todo, las administraciones del país siguen lejos de los 22 días de plazo de las de Finlandia o Reino Unido, los 23 de Alemania y los 25 de Dinamarca.
Batalla contra las grandes corporaciones
La PMcM recuerda que la Comisión Europea abrió en febrero un expediente contra España por no aplicar adecuadamente la directiva vigente en este sentido. Reclama de nuevo un entorno favorable para las empresas, especialmente para las pymes. Y es que las grandes corporaciones son las que más tardan en abonar sus facturas según los datos de la organización.
No es la primera ocasión en que el equipo liderado por Cañete denuncia que las empresas del Ibex y las multinacionales aprovechan su mayor tamaño para imponer un calendario de pagos que llega a superar los 100 días a sus proveedores. Con todo, esperan que el escenario cambie a medio plazo.
Régimen sancionador
En septiembre deberá iniciarse la tramitación del régimen sancionador para garantizar que se cumple con la ley. La PMcM consiguió que a finales de junio el Congreso en bloque aprobase la propuesta impulsada por Ciudadanos.
España se deberá dotar de un Observatorio de la Morosidad del sector privado y de un sistema de mediación extrajudicial para las empresas incumplidoras, el paso previo a la sanción. Se confía en que esta norma acabará con los impagos, los culpables de la desaparición de una de cada tres empresas que se liquidaron a lo largo de la crisis.
La organización indica que se debe discernir entre las compañías que realmente no pueden pagar a sus proveedores por su situación patrimonial y las que usan la facturación como una línea de liquidez más. Es decir, las compañías que tensionan el sistema y llevan al límite a los proveedores.