En medio de la situación de masificación turística que atraviesa Baleares y los elevados precios de los alquileres como consecuencia de la gentrificación, el Govern ha dado un paso más para hacer frente a esta problemática y obligará a los grandes poseedores de viviendas --aquellos que dispongan de más de diez pisos y se dediquen a la actividad inmobiliaria-- a ceder al Ejecutivo autonómico las propiedades que tengan vacías desde hace más de dos años. A cambio, percibirán una compensación económica.

Así lo contempla el proyecto de la primera Ley de Vivienda de Baleares, aprobado este viernes y cuyo borrador, consultado por Crónica Global, se refiere como grandes tenedores de viviendas a las personas físicas o jurídicas que, de manera directa o indirectamente a través de la participación en otras sociedades o grupos, disponen de diez o más inmuebles en régimen de propiedad, alquiler, usufructo o cualquier otra figura.

Sanciones de hasta 90.000 euros

No sólo eso. La normativa especifica que todos ellos deben tener como actividad la construcción, la promoción inmobiliaria, la intermediación, la gestión, la inversión, la compraventa, el alquiler o la financiación de viviendas, lo que justificaría una “especial exigencia de responsabilidad social” por su parte. Las sanciones que contempla la ley en caso de incumplimiento se elevan hasta los 90.000 euros para las infracciones muy graves.

El Govern se ampara en las consecuencias de la crisis económica y en la actual situación de masificación turística, que “obligan a los poderes públicos a cambiar los parámetros de actuación y los objetivos en materia de política pública de vivienda”. Así lo ha explicado tras la aprobación de la iniciativa el conseller balear de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, quien ha subrayado que los propietarios deberán ceder sus viviendas “cuando se produzca una necesidad objetiva de acceso a la vivienda”.

Críticas de la PAH

La medida, sin embargo, ha sido criticada duramente, en declaraciones a este medio, por la Plataforma Antidesahucios de Baleares. Su portavoz, Ángela Pons, asevera que la entidad es la única que se ha mostrado en contra de la medida puesto que se trata de una normativa “de buenas intenciones que no refleja las auténticas necesidades de la ciudadanía”.

Pons recrimina especialmente las compensaciones de las que se beneficiarán los propietarios que cedan sus pisos. “En lugar de pedir responsabilidades por la mala gestión de los bancos y las entidades inmobiliarias, se les va a compensar por tener un piso vacío”. “Nos han vendido la moto”, asevera la responsable de PAH, quien no ve halagüeños los efectos de la nueva ley y lamenta que “haya temas que mueven a mucha gente y la pobreza sea invisible. La gente no termina de sensibilizarse”.

La propia normativa precisa que las medidas contempladas, dado que “son beneficiosas para los titulares de las viviendas, no requieren procedimientos complejos para ponerlas en marcha; sólo hace falta que sean explícitamente ofrecidas a todo tipo de propietarios cuando se detecte que una vivienda pueda estar desocupada”.

Medidas a la par que en materia turística

El Ejecutivo balear hace hincapié en la necesidad de unir esfuerzos para paliar la falta de vivienda, incrementada como consecuencia del aumento de ofertas ilegales de alquiler turístico en las islas. Para ello, el Govern también ha impulsado la reforma de su ley de turismo con el objetivo de establecer un techo real de plazas turísticas --las que se comercialicen deberán estar supeditadas a que otras se den de baja--.

La normativa turística establece además requisitos como el que el alquiler no se permitirá en viviendas de menos de cinco años y requerirá del beneplácito de la mayoría de los vecinos que vivan en la misma finca, todo ello, según la Administración, a fin de avanzar hacia un modelo turístico sostenible.

Zonificación de los municipios

En cuanto a las sanciones, la ley contempla multas de entre 20.000 euros y 40.000 euros a quienes incumplan las condiciones previstas para el alquiler vacacional, un castigo con el que se pretende evitar la comercialización indiscriminada de estancias turísticas en viviendas no legalizadas para ello. Así, quienes deseen iniciar esta actividad deberán registrar su piso en la Conselleria de Turismo.

El proyecto concede además a los municipios un año durante el cual deberán llevar a cabo una zonificación de los mismos para determinar en qué núcleos se puede permitir el alquiler turístico y en cuáles no a razón de los más afectados por la actual situación. Palma ya anunciado que prohibirá esta actividad en las viviendas plurifamiliares de toda la ciudad tras aprobar una iniciativa legislativa popular pionera en la historia democrática de la capital balear.