En los últimos años se ha acusado reiteradas veces al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de favorecer desde las instituciones a la empresa Eulen, en la que su hermana Micaela Núñez Feijóo ocupa un puesto directivo.
El PP siempre había explicado que la empresa era idónea y que por eso ganaba los concursos. Pero un contrato con Eulen de 2,3 millones de euros para las bibliotecas de A Coruña ha sido investigado por supuesto tráfico de influencias, hecho que ha puesto en duda la idoneidad de la empresa.
Posible favoritismo
El contrato en cuestión, requisado el pasado miércoles por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, fue adjudicado a Eulen en 2012 cuando gobernaba el alcalde popular Carlos Negreira, político próximo al presidente de la Xunta. En él se encargaba a la empresa de la hermana de Feijóo la prestación de servicios de bibliotecarios en la ciudad por un periodo de cuatro años.
Esta actuación judicial alimenta las sospechas de la oposición de un posible caso de favoritismo por parte del presidente de la Xunta gallega en un momento clave para las aspiraciones políticas de Feijóo.
Más de una sospecha
No es la primera vez que surgen dudas sobre un posible caso de favoritismo para Eulen. La oposición comenzó a lanzar acusaciones desde el comienzo de la primera legislatura de Feijóo. La presión se incrementó en 2012, cuando el PSOE recogió una denuncia de la CIG relacionada con el servicio de atención del Instituto Galego de Consumo para afectados por las preferentes.
En aquel momento el contrato con Eulen se realizó a través de dos procedimientos negociados paralelos, por valor de 60.000 euros en A Coruña y 25.000 en Pontevedra. Dado que el límite para este tipo de adjudicaciones se encuentra en los 60.000 euros, la oposición denunció un posible fraude en el que según ellos se dividió un único proceso con el objetivo de eludir la publicidad.
Poco después, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) se sumó a las acusaciones de los socialistas, denunciando que la Xunta de Feijóo adjudicara a Eulen contratos por valor de 1,4 millones sólo entre 2010 y 2011. En aquel momento la oposición intentó, sin conseguirlo, que Feijóo diese explicaciones públicas sobre estos procesos.