La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando otra vez a Prosegur y Securitas por practicas contrarias a la competencia en el negocio de vigilantes de seguridad con y sin arma de fuego y la comercialización de alarmas domesticas, ya que hay indicios de malas prácticas empresariales y de transparencia, que supuestamente siguen alejadas de los estándares de libre mercado de otros sectores.
Vigilantes y alarmas parecen incumplir el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tal y como pasaba en la logística y gestión del efectivo que acarreó una multa a los dos gigantes de la seguridad en España por valor de 46,4 millones de euros en noviembre de 2016.
Fomento de la concentración del mercado
En concreto y referente a los servicios de vigilantes de seguridad con y sin arma de fuego hay indicios de una estrategia de fomento de la concentración del mercado aprovechando los efectos de la crisis, y en la alarmas se sospecha de la utilización de canales de comercialización atípicos a través de las oficinas bancarias, además de generar estados de miedo por falsas oleadas de atracos y robos en zonas geográficas concretas.
Expertos en materia de competencia acreditan la incidencia en las prácticas restrictivas de la libre competencia. La CNMC es consciente de la situación y de la importancia del sector, ya que hay 1.534 empresas registradas en el Ministerio del Interior pero estas dos ingresan aproximadamente el 50% de la facturación total, que asciende a algo más de 3.500 millones de euros al año. Además, son la excepción en crecimiento, con un 4% en el ultimo ejercicio. El sector concentra una masa de empleo de 78.200 vigilantes, lo que contrasta con los 74.958 guardias civiles y los 65.254 policías nacionales que hay en la actualidad.