Asociación ilícita y estafa. Éstos son los delitos que, a juicio de la Policía Nacional en Baleares podrían derivarse de las falsas reclamaciones presentadas por centenares de turistas británicos. Los visitantes alegan intoxicaciones gástricas tras su paso por los hoteles de las islas y de otros núcleos turísticos españoles para recibir cuantiosas indemnizaciones.

Se trata de una práctica que, según el Govern balear, se ha incrementado en un 700% en el archipiélago y podría alcanzar los 50 millones de euros en pagos a los presuntos afectados. Ahora, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) tiene sobre la mesa un extenso informe que ya ha presentado a los Juzgados de Palma tras seis meses de investigaciones.

Las pesquisas fueron impulsadas por las averiguaciones de un despacho de abogados que representa a una de las cadenas hoteleras perjudicadas, Mac Hotels. Sólo esta compañía, cuyos establecimientos se reparten entre Palma, Alcúdia y Benalmádena (Málaga), ha recibido un millar de reclamaciones.

Primera denuncia a nivel nacional

Tal y como explica a Crónica Global la abogada Carolina Ruiz, del bufete Monlex Hispajuris –encargado del caso--, las conclusiones del informe de la UDEF son tajantes: determinan indicios de delito en la actuación de quienes intervienen en la trama y permiten interponer la primera denuncia a nivel nacional por estos hechos. El presunto fraude se investigará así, por primera vez, por la vía penal.

Tal es la magnitud de los hechos que, si finalmente los involucrados resultasen condenados por organizarse para delinquir con ánimo de lucro se enfrentarían a penas de hasta cuatro años de prisión, mientras que si la defraudación superase los 50.000 euros, podrían recaer sobre ellos hasta seis años de cárcel. La letrada hace hincapié en las conclusiones alcanzadas por la policía, que apunta la existencia de un concierto previo entre los propios turistas y los abogados que les asesoran.

Confabulación de los abogados británicos

De hecho, es habitual que diversos despachos de abogados británicos insten a sus clientes a pasar sus vacaciones fuera del país, normalmente en el Mediterráneo para, con posterioridad, presentar reclamaciones relativas a supuestas intoxicaciones alimentarias sufridas en el hotel.

La reclamación va dirigida, en concreto, al operador turístico contratado por el viajero. Aquél suele pagar sin pleitear y luego pasa el cargo al hotel. Cabe la posibilidad, finalmente, de que el establecimiento hotelero cargue el importe a su asegurador de responsabilidad civil, por lo que éste corre el peligro de ser el pagador final del montaje.

'Claim farmers': los captadores de reclamaciones

No sólo ellos intervienen en el entramado: también juegan un papel fundamental los captadores de reclamaciones (claim farmers). Se dedican a recabar quejas para después trasladarlas a los despachos de abogados, a cambio de una comisión. Estas empresas llevan cerca de 20 años operando en Reino Unido y son muy activas en su actividad de captación en redes sociales.

Se trata de una figura que inicialmente se especializó en reclamaciones por accidentes en las vías públicas, y que posteriormente amplió su actividad a nuevas áreas de negocio, como los accidentes de tráfico, la venta de productos financieros durante la crisis, los vuelos retrasados y, más recientemente, las reclamaciones de los turistas contra los touroperadores. La mayoría de estas compañías se encuentran radicadas en el norte de Inglaterra, al igual que los bufetes de abogados asociados.

Según señalan fuentes del sector de los touroperadores, la mayoría de las reclamaciones son aceptadas sin litigar, descontándose posteriormente el importe abonado a los hoteleros, aunque aquéllas no estén acompañadas de pruebas médicas. “La actual normativa es muy garantista para el consumidor y existe una gran predisposición de los jueces para fallar a favor del demandante contra el TTOO”, aseveran. De hecho, perder un juicio puede suponerles el pago de hasta 50.000 libras en costes legales.

Reforma legal de 2013

Todo este engranaje tiene su origen en 2013, cuando en Reino Unido se llevó a cabo una reforma legal, más conocida como Reforma Jackson. Ésta excluyó del arbitraje de consumo las reclamaciones por servicios prestados fuera del país, lo que ha supuesto en la práctica barra libre para el denunciante, que puede realizar reclamaciones sin apenas presentar pruebas.

Ante esta situación, Mac Hotels decidió hacerle frente a la estafa. Antes de interponer su denuncia, el despacho Monlex recabó numerosas grabaciones de detectives y, una vez obtenidas pruebas del proceder de los implicados, en diciembre de 2016 se decidió poner los hechos en conocimiento de la UDEF, que durante seis meses ha cotejado la información obtenida con sus propias investigaciones. Las conclusiones de la Policía Nacional llevaron a los agentes a acudir a los tribunales para denunciar las presuntas irregularidades.

Inspecciones sanitarias superadas

Tanto Ruiz como su compañera de despacho Ramute Lukstaite se muestran convencidas de que las investigaciones prosperarán. De hecho, varios abogados de otras Comunidades Autónomas afectadas ya se han puesto en contacto con su bufete para estudiar la posibilidad de sumarse a la denuncia. 

El bufete subraya además que los hoteles de la cadena Mac han superado las inspecciones sanitarias entre un 97% y un 98% e ironiza, ante la avalancha de reclamaciones, no haber visto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) “declarar ninguna alarma sanitaria por una pandemia de intoxicaciones en Baleares”.