Valeriano Gómez alerta sobre los trabajadores de las empresas municipalizadas

El exministro de Trabajo socialista Valeriano Gómez ha advertido de riesgos que corren los empleados de las empresas concesionarias que desaparecen por la municipalización de los servicios que prestan.

Lo ha hecho en una conferencia, en el Foro Sanitario Alzira, en la que ha abordado las condiciones laborales de los trabajadores que cambian su condición de privada a pública. Este es el caso de las llamadas municipalizaciones de las empresas de servicios, porque son compañías privadas sometidas al control público --agua, limpieza, recogida de basuras--, o las concesiones sanitarias.

De Valladolid a Valencia

En estos momentos, varios ayuntamientos y algunas comunidades autónomas están iniciando esos procesos. Es el caso de Valladolid, donde su alcalde, Óscar Puente, que es también portavoz de la ejecutiva del PSOE, ha comenzado el proceso de municipalización de la empresa municipal de aguas de su ciudad garantizando a los trabajadores de la compañía su paso a la Administración como funcionarios públicos.

Algo parecido ocurre en la empresa que gestiona el Hospital de Alzira, que finaliza su contrato con la Generalitat valenciana en los próximos meses. Carmen Montón, la consejera de Sanidad, ha garantizado a la plantilla su paso de la empresa privada al sector público bajo la fórmula de “indefinido no fijo”.

Una figura inexistente

Para Valeriano Gómez, esta fórmula de “indefinido no fijo” en la reversión al sector público no tiene precedentes en lo que a la legislación laboral se refiere, porque “se considera excepcional y no tiene voluntad de permanecer en el tiempo".

En su opinión, estos trabajadores no perderán su puesto de trabajo porque serían subrogados en función del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y “seguirían como empleados de la empresa subrogada”, aplicando el principio de continuidad de empresa.

Se necesita jurisprudencia

Para Gómez es necesaria una sentencia judicial en la reversión de los trabajadores a públicos para finiquitar la temporalidad de los “indefinidos no fijos”. Además, avisa de que “a pesar de que hay entidades públicas que afirman que los trabajadores revertidos serán trabajadores públicos, por mandato constitucional para ser empleado público es necesario pasar un concurso u oposición”, y pone el acento en que los Presupuestos del Estado no establecen ninguna salvedad al respecto.

Además, existen sentencias que afirman que el personal laboral de empresas públicas no puede pasar a ser empleado de la Administración.

En conclusión, los trabajadores no perderán su empleo, pero quedarán en una situación de inestabilidad contractual, el “indefinido no fijo”, a expensas de las sentencias judiciales y no sólo por la voluntad política.