El pulso de Núñez y Navarro y el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) por la planificación urbanística de Torre Negra suma un nuevo capítulo que los propios implicados reconocen que es pasto judicial. El consistorio local, con Mercè Conesa (PDeCAT) al frente, ha aprobado la enésima modificación puntual del Plan General Metropolitano (PGM) que afecta a una de las pocas zonas por las que el municipio se puede extender.

Pero tanto la inmobiliaria como los 90 propietarios de inmuebles situados en el sector consideran que no se tienen en cuenta sus reclamaciones, avaladas por los tribunales, según explican.

Edificar sólo en una zona de aparcamiento

Desde finales de los años 90 del siglo pasado, el grupo constructor trata de levantar unas 2.800 viviendas en una parcela de terreno que fuentes de la compañía aseguran que actualmente funciona como aparcamiento. Una consideración que choca con las demandas municipales.

Históricamente, los distintos gobiernos municipales de CDC se han negado a autorizar más promociones inmobiliarias en Torre Negra. Mantienen que el suelo debería calificarse como no urbanizable porque supone un pulmón verde para el municipio. Incluso intentaron añadir este ámbito al parque natural de la sierra de Collserola. Pero su pretensión ha topado con reveses judiciales.

Decisión del Tribunal Supremo

El último, del Tribunal Supremo. El pasado febrero confirmó una sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 2014 y que excluía los terrenos de Collserola. Desestimó los recursos interpuestos por la Generalitat y el ayuntamiento, que van de la mano en su intención de frenar la urbanización.

Josel SLU, la filial de Núñez y Navarro que impulsa el proyecto, intentó forzar una modificación en el PGM municipal antes de esta última resolución a favor de sus demandas. Pero la mayoría convergente del pleno local frenó la iniciativa.

Reordenación del suelo individual

Ahora, Conesa ha decidido reordenar el suelo analizando la casuística de los otros 90 propietarios de forma individual. En su propuesta para ejecutar el mandato judicial regulariza la mayoría de las viviendas que se construyeron hace años en Torre Negra.

Pero no todas, según alertan las propietarios. Tampoco atiende a las peticiones de la inmobiliaria de la familia Núñez. En la modificación aprobada a finales de junio, no se contempla que pueda iniciar ninguna promoción en el municipio.

Negociación inexistente

Los mismos interlocutores señalan que el grupo está dispuesto a negociar cómo realizar la edificación. Aseguran que la intención es adaptar el proyecto al entorno e incluso entregar los terrenos que hay en el área de la Masia de Torre Negra que da nombre a la zona —un inmueble que está a la venta por 4,2 millones de euros—, el 80% de la zona verde de las parcelas que tiene en propiedad y en Pi d'en Xandri, uno de los emblemas del municipio.

Asimismo, aseguran que ninguna de los distintas propuestas que se han proyectado en la zona desde finales de los 90 ponían en riesgo el árbol con más de 230 años de historia.

La falta de negociación con el consistorio de Conesa abre de nuevo la vía judicial.