El lío del Bicing acaba en huelga

Tres meses lleva la compañía Clear Channel al mando del servicio de alquiler de bicicletas de Barcelona y los trabajadores han decidido plantarse. Irán a la huelga un total de 15 días de cuatro horas por turno de trabajo entre los días 12 y 31 de julio.

Se quejan de la situación actual que viven en la empresa, que está en un proceso judicial contra Movement Barcelona, la subcontratada que se ha encargado de la gestión del Bicing desde que el gigante de la publicidad ganó el concurso hace diez años. Clear Channel vació a la sociedad limitada y absorbió su know how, se quedó con sus 150 trabajadores y ahora, tras un proceso tenso en el que se vieron obligados a cambiar de empresa sin tener opción a negarse, han dicho basta.

Malas condiciones

La realidad que viven actualmente está lejos de lo que la compañía de publicidad les había prometido y algunos de los empleados están degradados de sus puestos habituales, otros han sido despedidos y otros se quejan de unas condiciones lamentables.

Sueldos de 950 euros al mes, cargas y descargas a pulso de los 23 kilos de las bicicletas, ritmos de trabajo elevados, aumento de la productividad, problemas a la hora de descansar para desayunar… son algunos de los argumentos que ponen encima de la mesa para negociar una mejora general.

Trato denigrante

Fuentes cercanas al conflicto han explicado a Crónica Global que parte de la indignación de los trabajadores se debe al trato denigrante que reciben de la nueva compañía. Cuentan el caso de una operaria que se promocionó para el puesto de control y se lo dieron sin más procesos de valoración. Cuando el comité se quejó de la colocación casi a dedo, un responsable de Clear Channel sostenía que la elegida era abogada. No tenía que celebrar ningún juicio, pero “al menos ella sabe leer y escribir”.

Otras fuentes sostienen que Bicing cuenta, ahora, con una Empresa de Trabajo Temporal (ETT), algo novedoso hasta la fecha, que ofrece peores condiciones a los empleados. Un dato que les sorprende, teniendo en cuenta que el principal argumento del Ayuntamiento de Barcelona era que protegerían por encima de todo la seguridad laboral de los trabajadores. Lo que no aseguró fue que éstos tuvieran unas buenas condiciones.