Iberpotash ha celebrado este viernes, 30 de junio, la inusual prontitud del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) al referirse a su actividad. En menos de 24 horas, la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo ha decidido aplazar dos años el cierre de la mina de Sallent (Barcelona) que explota la filial del gigante israelí ICL.

“Aclara el trabajo bien hecho”, declaran los portavoces de la compañía. Pero además de las partes, el auto ha sido comunicado a la Comisión Europea. Pasará a engrosar el periplo judicial de la empresa que se remonta a hace más de 10 años.

Bruselas investiga ahora si la explotación de las minas ha recibido ayudas ilegales. También ha indagado sobre los efectos medioambientales de las minas de Sallent y las de Súria (Barcelona) y los de las escombreras de los pozos de extracción. Ha considerado que las montañas de deshechos salinos son residuos y así se deben tratar, una apreciación aplaudida por los denunciantes.

Investigación de Bruselas

Todas las causas han sido planteadas por los vecinos de la zona y entidades ecologistas. Son la contraparte de un enfrentamiento que desde la empresa minera aseguran que está auspiciado por sus competidores. Con todo, el grupo se muestra tranquilo y confiado. Mantiene que todas las denuncias quedarán en nada.

Especialmente la investigación europea. Sus portavoces afirman que Iberpotash ya se opuso en su día al tratamiento de los residuos salinos de Balsareny (Barcelona) que motivaron una ayuda pública de la Generalitat. La compañía se escuda en que los trabajos los realizó un tercero y que son estos los que están bajo la lupa de la Comisión Europea.

Residuos ‘cero’ en 2021

ICL se queja de que su proyecto industrial en Cataluña es torpedeado desde hace años por intereses espurios. Mantiene que la explotación minera no es la única culpable de los efectos medioambientales de la comarca del Bages. Argumenta que yace sobre un “mar de sal de más de 40 millones de años” y que es este el que afecta al río Llobregat.

Además, asegura que la reciente resolución da un “paso de gigante” para garantizar la “política de residuos cero en 2021”. Indica que a Sallent llegará antes, ya que la actividad debe cesar en 2019. Año en el que dejará de crecer el monte de restos salinos del Cogulló si se cumplen las exigencias del TSJC.

Condiciones

La sala condiciona el segundo año de prórroga de la explotación a que la altura máxima que Iberpotash alcance como máximo 515 metros --el Tibidabo de Barcelona tiene 512 metros-- frente a los 538 metros anteriores. Deberá detallar un programa pormenorizado de actuaciones para restaurarlo, certificar su cumplimiento a partir del cuarto trimestre de 2018 y que se cree un órgano que lo fiscalice y remita reportes trimestrales al alto tribunal catalán.

Deberá pagar un “nuevo aval de más de tres millones de euros” que cubra las actuaciones previstas. La cifra exacta la deberá determinar la Generalitat, aunque los contrarios avisan de que el impacto real de tratar todo este monte supera de lejos esta previsión.

Causas administrativas y penales

El auto publicado es el enésimo de una causa que empezó en 2013. El alto tribunal anuló entonces la autorización ambiental de la factoría por incumplir las normas urbanísticas y de respeto a la naturaleza. Se pactó una primera moratoria en 2014 y casi un año después el Tribunal Supremo ratificó la sentencia. Sallent cerrará, pero no el 30 de junio de 2017 como se había pactado entre las partes.

Además, los directivos del grupo en la etapa previa a la llegada de ICL han sido acusados de delito ambiental y queda pendiente otro juicio parecido. Es el resultante de una querella de la CUP presentada en 2014 que acusaba a altos cargos de la Generalitat, la ACA y de Iberpotash de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Fue aceptada a trámite pero hace años que se espera decretar la fecha del juicio.

Inversiones del Plan Phoenix

ICL mantiene que sus planes en Cataluña pasan por centrar la actividad en Súria. Indican que la potasa que se extrae de Sallent es de baja calidad y que se invertirán los 400 millones de euros comprometidos en el Plan Phoenix. Una hoja de ruta para incrementar la producción del grupo gracias a la “mayor obra de ingeniería actual en España”.

Es la construcción de una rampa de 5,3 kilómetros que bajará hasta los 900 metros de profundidad y permitirá extraer más material de las minas. La obra se inició en 2012 pero los problemas de planificación y la falta de licencia ambiental en el inicio del proyecto constructivo lo han demorado.

Nuevas infraestructuras

También espera poner en marcha la planta de cloruro sódico con la que prevé transformar los residuos de Súria en sal de alta calidad, una factoría que está en proceso de validación, y comercializar el Cogulló como sal para el deshielo. Todo ello, junto a nuevas infraestructuras como construir una terminal en el puerto de Barcelona.

ICL asegura que ejecutará todos estos procesos y no espera que ninguna nueva sentencia judicial los torpedee. Con todo, las causas siguen abiertas.