Iberpotash, controlada por el gigante ILC, ha ofrecido este jueves, 29 de junio, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una garantía económica de 3,95 millones de euros para mantener abierta una de las dos minas de sal que opera en el territorio, la explotación situada en Sallent (Barcelona). Pactó hace tres años que cesaría la actividad en la explotación el 30 de junio de 2017, pero poco antes del Día D planteó una moratoria ante la sala de lo contencioso administrativo.
Los representantes legales de la multinacional israelí han defendido que la prórroga del fin de la explotación está “ligada a la esterilización” de la montaña de restos salinos que se acumulan en el municipio. La escombrera del Cogulló tiene una dimensión similar a la montaña del Tibidabo de Barcelona y su impacto ambiental ha provocado un largo periplo judicial en el que están enfrentados la empresa, las administraciones públicas, los vecinos de la zona y entidades ambientalistas.
Sin autorización ambiental ni urbanística
Tras años de litigios, la mina de Sallent funciona sin autorización ambiental y con el permiso urbanístico en el aire. El plan municipal fue anulado por el Tribunal Supremo en 2014. Ahora, la sección tercera de lo contencioso administrativo debate sobre el incidente de ejecución del pacto entre las partes que siguió a esta sentencia. El visto bueno que solicita la compañía para demorar el cese de la actividad minera y, por consecuencia, de los vertidos de residuos salinos hasta 2019.
ICL, dirigida por Carles Aleman, argumenta que aún no se han alcanzado los 538 metros que se pactaron como altura máxima del monte de deshechos. Proseguir con la actividad implicaría llegar hasta los 515 metros. Consideran que no es un cambio sustancial de dimensiones que permitiría continuar con el plan de estabilización y esterilización que se había acordado.
Impacto laboral
Pero si se frenara ahora la actividad el impacto laboral sería alto. La empresa alega la pérdida de hasta 4.000 empleos entre directos e indirectos en la zona, otro elemento que se ha tenido en consideración en el juicio.
Este precepto motivó que el Parlamento catalán aprobara el pasado 15 de junio una resolución que instaba a la Generalitat a garantizar que Iberpotash pudiera abocar de forma “temporal y limitada” en el Cogulló. Sólo la CUP votó en contra. Cabe recordar que Anna Gabriel, una de las caras visibles de la formación, es vecina de Sallent y defiende desde hace tiempo el cese de actividad de la mina.
Resolución este mismo viernes
¿Cubriría los 3,95 millones el impacto de un posible nuevo incumplimiento de la compañía? “No podemos poner una cifra a estas garantías en tan sólo 24 horas”, ha argumentado el letrado del Ayuntamiento de Sallent a los magistrados del TSJC. Otro elemento que incrementa la incertidumbre que gira alrededor del caso.
Imagen de archivo de la escombrera de Iberpotash de Sallent, el Cogulló / CG
Imagen de archivo de la escombrera de Iberpotash de Sallent, el Cogulló / CG
La moratoria se ha pedido casi sobre la bocina y los implicados indican que el alto tribunal publicará su resolución este mismo viernes, 30 de junio. Una urgencia inusual en la justicia que no ha sido confirmada por los portavoces de la institución.
Impacto sobre el agua del Llobregat
Climent Fernández, del bufete Fernández Advocats-Berga y defensor de la asociación de vecinos de Sant Antoni del barrio de la Rampinya de Sallent, tilda directamente de “fraude de ley” y de “abuso de derecho” el incumplimiento del veredicto. Argumenta que no tiene encaje legal la petición actual de ICL y reclama que se cumpla el mandato de los tribunales y se frene la actividad.
Alerta del impacto ambiental de los residuos salinos tanto en el territorio como en el río Llobregat, una de las principales fuentes que abastece Barcelona. Incluso ha recordado ante el TSJC que el efecto sobre el agua derivó en su día en la imputación de la cúpula de la multinacional por un presunto delito ambiental.
Esta causa también salpicaba a empleados de la Generalitat y aún está en fase de instrucción.
Peticiones de las administraciones
De hecho, el Gobierno catalán no se ha opuesto a la moratoria solicitada por ICL. Su abogado ha defendido que se podría ampliar el plazo siempre que no se superaran la alzada y la superficie máxima prevista, si se ofrecen las garantías económicas necesarias (tampoco ha definido una cifra) y con la fiscalización necesaria.
El Ayuntamiento de Sallent, con David Saldoni (PDeCAT) en la alcaldía, también da el visto bueno a continuar la extracción si la multinacional define en 30 días un calendario con las actuaciones trimestrales concretas, se crea una comisión de seguimiento con todas las partes implicadas y se remiten de forma periódica al TSJC sus conclusiones. Además de valorar si los 3,95 millones son o no suficientes para cubrir las garantías de la extracción.
Concetración de la actividad en Súria
Los letrados del alto tribunal catalán deberán decidir si permiten o no continuar con la actividad y los vertidos a una montaña artificial de más de 60 millones de toneladas según cálculos de la Plataforma Prou Sal que ya se ha convertido en parte del perfil de Sallent.
Un tiempo que ICL mantiene que usará para acabar con la construcción de una rampa extractiva que permitirá incrementar su actividad en las minas de Súria (Barcelona) y trasladar hasta allí la actividad. La obra empezó en 2012 y los problemas constructivos han impedido que esté en marcha.