El director de la intervención de la Generalitat de Cataluña desde hace aproximadamente un mes, David Canada, fue investigado por el Tribunal de Cuentas por el cobro de sobresueldos incompatibles con su tarea como funcionario. El máximo fiscalizador del sector público abrió un expediente de responsabilidad contable contra la persona encargada de coordinar la organización, la gestión de recursos humanos e impulsar todos los procedimientos de control a la Generalitat desde un cargo de nueva creación.

Los hechos se remontan al 2005. Canada, que se incorporó al cuerpo de interventores de Cataluña en 1998, era el delegado en ese momento del Patronato de la Montaña de Montserrat (PMM). Fiscalizaba la gestión del parque natural y de todas las acciones necesarias para conservar el lugar, fomentar el turismo y gestionar las zonas de aparcamiento alrededor del santuario y del pie del monte.

La sindicatura detectó “incentivos”

La Sindicatura de Cuentas descubrió, al comprobar el cierre de ese ejercicio, que algunas cuestiones que se habían validado en la contabilidad no cuadraban. En el informe preceptivo, que se publicó en 2007, detectó que se pagaban complementos por kilometraje de forma duplicada; se imputaban ingresos (como los del servicio de aparcamiento) en el capítulo incorrecto; había facturas sin cobrar y se percibían suplementos salariales de forma indebida, entre otros.

En este caso, afectaba al interventor delegado y a la secretaria de la comisión ejecutiva de la PMM. En el informe de la sindicatura, al que ha tenido acceso Crónica Global, se afirma haber detectado que ambos recibían “anualmente un incentivo aprobado por la comisión ejecutiva que en el 2005 ha sido de 6.979,68 euros”.

Se recuerda que según la legislación del sector público vigente en ese momento, las “gratificaciones no pueden ser fijas en cuantía ni periódicas”. Por lo que se “deberían evitar”.

Alegaciones del gerente del patronato

Las apreciaciones que hizo en ese momento la sindicatura propiciaron que el entonces gerente de la institución pública, Xavier Aparicio, remitiera un escrito de alegaciones que también se incluye en el expediente. En él, manifestaba que la “secretaria de la comisión ejecutiva del patronato y el interventor delegado reciben una indemnización de 3.489,84 euros cada uno (importe de 2005), no un incentivo, que fue aprobado por la comisión ejecutiva del patronato el 21 de junio de 1983”.

“El texto inicial del informe no se ha alterado por entender que las alegaciones enviadas son meras explicaciones que confirman la situación descrita en el informe o porque no se comparten los juicios expuestos en aquellas”, contestó la sindicatura.

Tribunal de Cuentas

Fue este documento el que motivó al Tribunal de Cuentas a abrir un correctivo a Canada. Tras la incoación del expediente, el interventor reconoció la falta y reintegró los 2.725,80 euros que había cobrado del patronato en 2005.

Su aceptación propició que se cerrara la investigación el 16 de febrero de 2015. Diez años después de que hubiera percibido el sobresueldo.

Problema de la fórmula elegida

Los portavoces de la vicepresidencia de Economía y Hacienda de la Generalitat, a la que está adscrita la dirección de la intervención, indican que el problema fue la fórmula que usó el patronato para otorgar el sobresueldo a su interventor delegado. Se apuntó como una “gratificación” en lugar de una dieta para compensar los desplazamientos hasta Montserrat y otras casuísticas del trabajo.

Indican que los funcionarios las podían cobrar en el momento en el que se autorizaron en el patronato. Ahora, están prohibidas por ley ya que se consideran un elemento que puede alterar el buen funcionamiento del sector público. Canada se hubiera librado de que se le abriera expediente de responsabilidad contable, una de las faltas más graves en la intervención, si el patronato hubiera hablado de dietas en lugar de gratificaciones o indemnizaciones, alegan. ¿Fue un error administrativo?