El Gobierno catalán es incapaz de poner en marcha a pleno rendimiento el macrocentro de formación profesional (FP) de la automoción de Martorell (Barcelona) ocho años después de la finalización de su obra. Una infraestructura planteada en los últimos tiempos del tripartito, con Mar Serna en la consejería de Trabajo, y que se llevó 17,6 millones de euros de capital público sólo en su construcción. Los sindicatos cifran en 23 millones la inversión final del proyecto. 

Estaba llamado a ser un centro de referencia para responder a las demandas de capacitación laboral de la primera industria catalana, pero una concatenación de problemas para definir y ejecutar el modelo de gestión que duran hasta la fecha ha llevado a una paralización que persiste. Así ocurrió en las dos legislaturas de Artur Mas y se mantiene en la de Carles Puigdemont.

Falta de acuerdo con las empresas

“El problema de fondo es que el Gobierno catalán y las principales empresas del sector nunca se han puesto de acuerdo”, señalan fuentes patronales. En el choque de intereses entre las diferentes visiones de cómo afrontar la FP según quien gobierne, hay otro obstáculo. “El de la concepción básica del ámbito reglado, que el Departamento de Enseñanza quiere que esté muy pactado y controlado por funcionarios y el resto, muy ligado a la empresa”, indican otros interlocutores implicados en la puesta en marcha del macrocentro.

Batallas entre departamentos que se han agudizado en los últimos tiempos por el reparto de carteras entre las fuerzas políticas de Junts pel Sí. Fuentes próximas al consorcio destacan que estas rencillas han dejado en falso incluso a la actual directora, Teresa Casanovas.

Su cargo es propuesto desde Empresa y Conocimiento, controlado por el PDECat, pero la titularidad del macrocentro no está en esta consejería. Es competencia de Trabajo, Bienestar Social y Familias, que es de ERC.

Fin del consorcio

La falta de maniobra real de la directora del centro se agudiza tras el anuncio del secretario general de Trabajo, Josep Ginesta, este jueves en comisión parlamentaria. Una comparecencia que la oposición pidió a Casanovas pero que el Gobierno decidió cambiar en el último momento.

Ginesta habló ante el resto de los grupos en su condición de presidente del consorcio y confirmó que, en los próximos meses, se alterará el actual modelo de gobernanza. Se acaba con la apuesta de la época de Mas y se quita la gestión a este consorcio formado por representantes de Enseñanza, Empresa, el Ayuntamiento de Martorell. Los agentes sociales se ocuparán de definir el modelo formativo.

Cesión de terrenos municipales

Ahora, se ultiman los pliegos de condiciones de un concurso público que se quiere convocar en breve para encontrar al gestor ideal. Pero esto abre una derivada peligrosa al dejar al margen el mundo local.

“Se creó el consorcio porque el ayuntamiento cedió los terrenos para la construcción del centro”, recuerdan los interlocutores empresariales. Y la moneda de cambio era tener voz y voto en la gestión de la infraestructura. Si se desmonta, se podría “replantear la cesión”. Otro obstáculo para el desarrollo.

‘Macroconcesión’ pública

También se alerta del sentido del contrato que se prepara. Una licitación que abarca muchos ámbitos. Desde buscar al responsable de definir la oferta de FP básica, la dual, la formación a demanda, los servicios a las empresas y otras actividades derivadas, a ocuparse de otras eventualidades del día a día de la gestión del centro.

Las fuentes consultadas coinciden: el concurso público que se plantea es altamente complejo. Alertan de que la libre competencia en los términos que Ginesta ha expuesto abre la puerta a que empresas de todo tipo se queden al mando del centro de Formación Profesional y que, al final, la oferta formativa que se proponga no responda a las actuales necesidades industriales.

Por ahora, los pliegos de condiciones están en proceso de definir. Ni patronales ni sindicados son conocedores del esbozo de redactado de la licitación, aunque el secretario de Trabajo indica que no se publicarán sin contar con las propuestas de los agentes sociales y otros organismos destacados en el sector, como el clúster de la automoción.

Ocupación mínima

El macrocentro de FP se ha inaugurado en tres ocasiones en ocho años y ha sido objeto de cuatro actos institucionales para colocar la primera piedra. Con 11.000 metros cuadrados y capacidad para 14.000 alumnos, el lío administrativo del Gobierno ha impedido que entre en marcha.

La directora del SOC, Mercè Grau, explicó que en 2016 sólo pasaron 350 personas por sus aulas y que para el próximo curso sólo se esperan 302 alumnos de programas ocupacionales.

El centro está prácticamente desocupado y, por ahora, no se vislumbra un cambio a corto plazo. El macrocentro de FP de automoción catalán sigue paralizado.