Es el segundo despacho de abogados de España por facturación, y su cartera de clientes está compuesta por empresas, sobre todo por grandes empresas. Una baza potente que va a ser utilizada por la propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha contratado al bufete Uría Menéndez para hacer frente a las compañías de servicios con las que prevee litigar.

La puesta en marcha de toda la artillería legal supone, según fuentes municipales, una declaración de guerra definitiva del equipo de gobierno del consistorio a las empresas que mantienen diferencias de criterio con la Administración local por ser concesionarias o gestoras en la actualidad de servicios que Barcelona en Comú quiere privatizar.

En concreto, Colau y su equipo se han procurado los servicios del despacho que dirige en Madrid Luis de Carlos Bertrán para que facilite argumentación jurídica sobre la municipalización del agua, la red eléctrica y los servicios funerarios; además de asesorar al consistorio sobre la gestión actual del proyecto de la plaza de Glòries, cuyas obras están paralizadas y camino de ser otorgadas tras un nuevo concurso. De Carlos es socio director de la firma legal y un habitual del foro de opinión empresarial Puente Aéreo, quien ayer participó en una reunión de este grupo celebrada en Barcelona con el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Servicios jurídicos ninguneados

Según ha podido saber Crónica Global, uno de los abogados principales al frente del proyecto del Ayuntamiento de Barcelona es Daniel I. Ripley, que aterrizó en el área de Público-Procesal y Mercantil de la oficina de Uría en Barcelona en 2003 y fue nombrado socio del bufete en enero de 2005.

El pacto formal entre Colau y el despacho Uría Menéndez ha generado un profundo malestar, sobre todo entre los servicios jurídicos del consistorio barcelonés, que se sienten marginados por la alcaldesa al prescindir de ellos en esta nuevo capítulo, sin duda el más importante del ayuntamiento y el que más se prolongará en el tiempo.

Cambiar de bufete

El desconcierto también ha llegado a algunas de las grandes empresas de Barcelona, referentes en diferentes sectores, que hasta ahora trabajaban con el bufete Uría y que se plantean migrar a otro sin hay colisión de intereses.

Fuentes empresariales han informado a este medio que empiezan a circular correos electrónicos en los que se pone de manifiesto la indignación que sienten algunos ejecutivos al ver sus intereses enfrentados al mismo despacho que hasta ahora les defendía y que en adelante trabajará para la remunicipalización de servicios.

Malestar en la construcción

Algo semejante sucede en el sector de la construcción. Las obras de la plaza de Glòries se han visto afectadas por la rescisión del contrato de la UTE constructora que forman las empresas Rogasa, Copisa, Arnó y Comsa.

Ada Colau decidió poner freno al proyecto firmado por el exalcalde Xavier Trias pese al rechazo de todos los grupos de la oposición, excepto la CUP. Ahora, las compañías perjudicadas por la paralización del proyecto muestran su descontento con que sea el bufete Uría quien lidere la redacción de las alegaciones y recursos que harán formal y legalmente posible la detención temporal de las obras.

Uría, por su parte, ha manifestado que su política de comunicación le impide aportar información respecto a sus clientes (“sobre si asesoramos y a quién asesoramos”, han respondido). Motivo por el cual desde el despacho tampoco han querido desvelar qué otros socios acompañan en el contrato al citado Ripley y su equipo, así como si el encargo se ha formalizado a través de un concurso público municipal.

Mientras tanto, un portavoz del Ayuntamiento de Barcelona sostiene que todo el trabajo que se realiza a nivel jurídico se hace de manera perfectamente coordinada entre el bufete de De Carlos y el consistorio barcelonés, lo que imposibilita un malestar entre los propios abogados municipales.