La Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) ha recortado en 12,5 millones de euros el proyecto T-Mobilitat, la integración en una sola tarjeta de todos los títulos de transporte público vigentes en Cataluña. Así aparece en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) de este miércoles, una actualización relacionada con la aplicación del IVA en la partida.

Según los portavoces de la institución del transporte público de Barcelona y su área de influencia, el cálculo impositivo que se hizo en el primer anuncio era incorrecto. Se ha pasado de 72,6 a 60 millones. Se ha subsanado el error dos meses después de que los actores públicos y privados implicados en la iniciativa firmaran una modificación del contrato de 2014 que redefine el sistema tecnológico, tarifario y de gestión de movilidad que se pone en marcha.

“Otra muestra del retraso que acumula”, indican fuentes sindicales que se verán afectadas por la modernización. Y es que desde que se firmó el primer convenio de colaboración hasta ahora, el calendario de despliegue se ha prolongado en distintas ocasiones.

Aterrizaje de Colau

El principal obstáculo fue el aterrizaje en el Ayuntamiento de Barcelona del equipo de gobierno liderado por Ada Colau. La capital catalana tiene un peso destacado en el ATM, un consorcio en el que la Generalitat controla el 51% y el 49% restante son administraciones locales. La Administración General del Estado (AGE) también está presente en los órganos de gobierno.

BComú fue muy crítica con el proyecto y pidió revisar el perímetro de la licitación pública para darle apoyo. El resultado de este trabajo fue la adenda al contrato firmada el pasado 3 de marzo entre el consorcio público y la mercantil constituida por Caixabank, Fujitsu, Indra y Marfina (Moventia) que consiguió la licitación, Societat Catalana per a la Mobilitat.

Plantearon cambios como evitar la externalización del mantenimiento de las máquinas que cancelan el billete y otros “elementos accesorios”, según los trabajadores. 

Denuncia de opacidad

Los sindicatos piden que se empiecen a concesionar los trabajos necesarios para el despliegue de la T-Mobilitat. Tareas como la contratación de los fabricantes de las nuevas maquinas expendedoras o para producir las que permitan entrar en metros, trenes, tranvías con la nueva tarjeta o la validación de los títulos en las flotas de autobuses.

Denuncian de nuevo la opacidad con la que se ha gestionado el proyecto de integración y aseguran que la falta de transparencia es una cuestión política.

Calendario puesto en duda

Asimismo, ponen en duda el nuevo calendario de la puesta en marcha del proyecto. La previsión de que en otoño se lanzará una prueba piloto en la L9 del Metro de Barcelona y que un año después se implantará en todo el área metropolitana.

Los trabajadores aseguran que, a seis meses de la presunta puesta en marcha, no se han hecho cambios en la línea del suburbano para prepararla para la T-Mobilitat.

Concertación social

También justifican sus temores por la falta de concreción de la propuesta de poner en marcha un espacio de concertación social para definir las cuestiones más polémicas del proyecto. Como la nueva definición de las tarifas --no se medirán por zonas, sino por uso del transporte público-- o cómo se reflejan las subvenciones actuales.

Los representantes de los trabajadores indican que Ricard Font, secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, se comprometió a activar esta mesa de diálogo a finales de 2016. Aún no se ha hablado sobre cómo se constituirá.