Barcelona tiene en estos momentos unos 4.000 apartamentos turísticos ilegales después de que la presión de las autoridades haya conseguido que desaparezcan un millar.
Ése es el cálculo que hace Apartur, la asociación que representa a más del 70% del alojamiento turístico no hotelero de la capital catalana.
Primer informe
Su presidente, Enrique Alcántara-García, ha anunciado que en las próximas semanas presentará un informe sobre la situación de Barcelona. “Nuestro equipo ha estado comprobando la oferta que se puede encontrar en los principales portales de la ciudad”, ha señalado a Expansión.
El alojamiento turístico ilegal, que representa el 30% del total de la oferta teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Barcelona ha concedido 9.600 licencias, se ha convertido en un gran problema para la ciudad.
En paralelo a las medidas para aumentar la oferta de vivienda general para mitigar el encarecimiento de los alquileres, el consistorio intenta frenar este fenómeno de economía sumergida. Ha aumentado la plantilla de inspectores, insta a los ciudadanos a denunciar situaciones ilegales y ha impuesto sanciones de hasta 600.000 euros a plataformas como Airbnb y Home Away, que hacen negocio con esos pisos.