El Gobierno catalán ha recurrido al sector privado para buscar la fórmula que lleve a la “identificación predictiva” de la pobreza energética ante su incapacidad para lograrlo. Es decir, un sistema que permita detectar los hogares que están cerca de caer en una situación de vulnerabilidad con base en sus consumos.
El objetivo es encontrar una fórmula que permita a los servicios públicos actuar antes de que se dé la situación de pobreza energética y evitar males mayores. Se persigue la obtención de alguna tecnología que permita a la Administración actuar de forma proactiva y obtener información directa para evaluar el impacto de las medidas impulsadas en los hogares para revertir la situación.
También se ha recurrido a los empresarios para mejorar la atención domiciliaria de los servicios sociales. En este caso, se quiere mejorar el actual sistema de teleasistencia que actúa sólo en situaciones de emergencia.
Programa de ayudas europeo
Para ello, el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha echado mano del RIS3Cat que gestiona otra conselleria, Economía y Hacienda. Se trata de un programa de ayudas europeas para apoyar grandes proyectos de I+D en la Unión Europea desarrollados a partir de la colaboración público-privada.
La consellera Dolors Bassa ha coordinado la segunda iniciativa de la llamada “compra pública de innovación”. Es decir, la consulta a las empresas para encontrar una fórmula que dé respuesta a dos de los principales problemas a los que debe hacer frente. Ha presentado esta semana la iniciativa a los empresarios con intereses en el sector.
Convocatoria de concursos públicos
La consulta preliminar al mercado debe llevar a la convocatoria de dos concursos públicos. Las licitaciones dotarán a la Generalitat de las herramientas para luchar contra la pobreza energética y mejorar la atención domiciliaria.
La consulta con los privados lleva a que se desconozcan los detalles del proceso. Ni siquiera se ha dotado de forma pública un presupuesto porque el alcance final está en manos del mercado.
Consulta paralela a la ley de pobreza energética
Las empresas tienen hasta el 20 de mayo para presentar propuestas ante el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Fuentes de la conselleria aseguran que la consulta abierta es paralela al diálogo que mantienen para cerrar la ley de pobreza energética con las compañías que operan en este sector en Cataluña.
Resta definir una gran cuestión: el convenio de intercambio de información entre las suministradoras del servicio y la Administración. El diálogo avanza y los mismos interlocutores señalan que el Gobierno de Junts pel Sí está incluso dispuesto a repasar el redactado de la norma actual. Pero, por el momento, no se ha encontrado la fórmula satisfactoria para todas las partes.