Baleares está registrando uno de los más fuertes enfrentamientos en su sector clave, el turismo. El foco de la batalla: el alquiler vacacional. Tal es la gresca, que 14 entidades, encabezadas por la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Baleares (APTUR), han decidido adherirse --reclamando incluso un mayor número de apoyos-- a un manifiesto que pone en valor los beneficios de esta modalidad para el desarrollo de zonas locales que tienen más dificultades de acceso a los ingresos obtenidos mediante alojamientos tradicionales.

Las reacciones se multiplicaron después de que el Gobierno autonómico anunciase la modificación de la Ley del Turismo de las Illes Balears, que, según ha señalado a Crónica Global una de las asociaciones firmantes, la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM), "impone unas condiciones a la legalización de casi imposible cumplimiento, genera inseguridad jurídica en cuanto a elementos como la zonificación y desemboca en una limitación de plazas" (que se prevé que caduquen cada cinco años sin garantía de renovación).

Deja fuera al 80 por ciento de la oferta

De hecho, también desde APTUR lamentan que se ha llevado a cabo una regulación que les perjudica abiertamente y que "deja fuera al 80 por ciento de la oferta actual", puesto que con las nuevas medidas previstas por el Ejecutivo autonómico "se imponen unos requisitos técnicos y de accesibilidad que difícilmente podrán ser acatados: además de la limitación de plazas, los alquileres requerirán un permiso vecinal, se someterán a sanciones de hasta 40.000 euros y, en su regulación, los informes de los ayuntamientos serán vinculantes. 

Frente a las críticas a esta modalidad, principalmente vertidas desde sindicatos y asociaciones ecologistas, los responsables de PIMEM subrayan que el alquiler turístico favorece a ámbitos como el comercio local, los mercados, la artesanía, la restauración, la conservación y el mantenimiento de viviendas. Pero, sobre todo, asevera, permite una mayor desestacionalización y una mejor distribución de la riqueza.

"Entendemos que contribuye a la economía circular, porque el perfil del cliente de este producto turístico tiene un interés mayor en la cultura y en la sociedad local que el habitual de sol y playa", señalan desde la entidad. 

Incremento de precios

Es más, a raíz de las críticas a la elevada subida de los precios de la vivienda que algunos sectores achacan a este fenómeno, PIMEM rebate que no puede atribuirse a este motivo, incidiendo en que, más bien, obedece a la escasa oferta de viviendas en el mercado.

Palma Mallorca

Instante de una calle de Palma / CG

"¿Desde cuándo la Administración no promueve la construcción de viviendas de protección oficial? ¿Cuál es el stock de viviendas en propiedad de la gestora de activos Sareb?", se preguntan los pequeños empresarios.

"Hay que dejar libertad a la iniciativa privada"

También se ha pronunciado al respecto, en declaraciones a este medio, el consultor turístico Manuel Ferrer. Por su experiencia política y empresarial, tanto en el mercado europeo como el asiático, considera que hay que dejar libertad a la iniciativa privada y "no regularlo siempre todo como se hace en Europa".

En su opinión, lo que deberían hacer los gobiernos es regular los impuestos que deben aplicarse a esta actividad y, en su caso, las condiciones de seguridad y salubridad de las viviendas objeto de alquiler temporal. En cuanto al sector hotelero, añade, "goza de buena salud y debe saber y sabrá adaptarse a los cambios en los usos y preferencias sociales".

"La clave es entender lo que quieren los clientes hoy, no oponerse a un modelo y una actividad que si existe será porque hay una necesidad al respecto insatisfecha", concluye Ferrer, fundador de Olea Consultancy.

La polémica está servida

Sin embargo, plataformas como Terraferida y GEN-GOB Eivissa denuncian lo que para ellas no constituye más que un "fraude". Tal y como recriminan, la comercialización de este tipo de alojamientos en Baleares, especialmente en Ibiza, ha disparado la construcción de todo tipo de suelo, ha disparado el precio de las casas de compra y alquiler, ha propiciado que el acceso a la vivienda sea una "quimera para miles de personas" y contribuye a una mayor masificación de las islas.

Los ecologistas reclaman así que, ante la magnitud de este fenómeno y sus consecuencias, el Ejecutivo balear decrete una moratoria y frene la concesión de nuevas licencias, revise las ya otorgadas a viviendas con infracciones urbanísticas, establezca un techo global de plazas turísticas y renuncie a legalizar el alquiler turístico en las viviendas unifamiliares.

"Algunas plataformas no pagan impuestos"

Pero, además, las entidades contrarias a este fenómeno critican que determinadas plataformas que venden estas estancias, como es el caso de la norteamericana Airbnb, "no tienen trabajadores ni pagan impuestos", entre ellos el gravamen para el turismo sostenible, más conocido como ecotasa.

Según Terraferida, Airbnb oferta en Mallorca hasta un total de 11.271 alojamientos con capacidad para 78.543 plazas, ninguno de los cuales declara tener licencia turística. Según la asociación, en 2015 se sumaron 550.283 estancias en estos alojamientos.