El pleno del Parlamento catalán ha aprobado el nuevo impuesto sobre activos no productivos de las personas jurídicas, con la finalidad de gravar aquellos bienes que están a nombre de empresas, pero que en realidad tienen un uso particular. Con esta práctica, se soslaya el pago del impuesto de patrimonio.
La nueva norma afecta a bienes inmuebles, vehículos de motor igual o superior a 200 cc, embarcaciones de ocio a partir de ocho metros de eslora, aeronaves, obras de arte, antigüedades y joyas.
Propuesta de la CUP
La aprobación de este impuesto forma parte de las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2017. Este gravamen, así como el de bebidas azucaradas o el de las emisiones de los vehículos, forman parte de un paquete de impuestos que, según alegan CSQP y PSC, no garantiza una recaudación suficiente como sí se lograría si se abordara la reforma del tramo autonómico del IRPF, así como los impuestos de sucesiones y patrimonio. Los antisistema preferían la aprobación de un impuesto de grandes fortunas, pero finalmente, las formaciones independentistas pactaron ese paquete de impuestos, que no están incluidos en la ley de presupuestos.
Sin embargo, la marca catalana de Podemos ha unido finalmente sus votos a los JxS y la CUP, mientras que el PSC se ha abstenido y Ciudadanos y PP han votado en contra.
El nuevo impuesto abarca a bienes que no realizan ninguna actividad económica o servicio público, que se destinan a actividades o usos privados, o que se alquilan a los propietarios o socios de la entidad vinculadas a los activos. Se establece un mínimo exento de 500.000 euros o de 100.000 si no incorpora ningún inmueble. La ley aprobada establece ocho tramos progresivos de entre el 0,21% y el 2,75%. Este año, el importe del impuesto computará a partir del 30 de junio y el resto de ejercicios, desde el 1 de enero.