El Gobierno ha establecido una exigencia de responsabilidad en las administraciones públicas y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la contratación laboral.
A partir de este momento, las entidades públicas no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a personal con un contrato de trabajo temporal, ni a personal de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la administración respectiva, salvo cuando ello se derive de una resolución judicial.
Evitar irregularidades
Esta exigencia se incluye en una disposición adicional del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, en la que se establece que estos órganos de personal tendrán que velar para evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo.
Estatuto de los Trabajadores
La disposición establece que los contratos de personal laboral en las administraciones públicas y en su sector público, cualquiera que sea la duración de los mismos, deberán formalizarse siguiendo las prescripciones y en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.
El Gobierno señala que las administraciones públicas promoverán en sus ámbitos respectivos el desarrollo de "criterios de actuación que permitan asegurar el cumplimiento de esta disposición, así como una actuación coordinada de los distintos órganos con competencia en materia de personal".