Llegó la fecha clave. Este viernes, 31 de marzo, finalizó el contrato que firmó el Ayuntamiento de Barcelona con la empresa Clear Channel para gestionar el servicio del Bicing en la capital catalana.
El gigante de la publicidad fijó un ultimátum para los trabajadores de la empresa subcontratada, Movement Barcelona, de la que formaban parte. Tenían que entregar su documentación el viernes 10 de abril, como muy tarde, si querían mantener su puesto de trabajo.
Contratados por duplicado
Pero la situación real, según ha podido saber Crónica Global, es que los 150 empleados están, hoy por hoy, dados de alta por las dos empresas, con el caos y la incomprensión que eso les genera. En primer lugar, no saben qué compañía les ingresará la nómina a final de mes.
“La confusión es total”, explican a este medio fuentes cercanas al caso. Y añaden que los trabajadores están recibiendo órdenes de las dos compañías sin saber exactamente a quién han de obedecer.
Vigilantes en la puerta
Por ese motivo, algunos de los empleados han decidido coger unos días de asuntos propios. Otros, ni siquiera han recibido noticias de Clear Channel que les confirme si mantienen su puesto de trabajo o no. En lo que todos coinciden es en que no están dispuestos a entregar su baja voluntaria a Movement Barcelona.
A la espera de qué pasará, sobre todo, este lunes cuando la mayoría de la plantilla se incorpore a la rutina habitual del servicio de alquiler de bicicletas, Clear Channel ha contratado a varios vigilantes de seguridad para que controlen la puerta de entrada a su sede.
Vista de medidas cautelares
Una actitud que los trabajadores han percibido como un mensaje claramente amenazante. Los vigilantes no han intervenido este viernes, pero, a partir del fin de semana, pedirán el DNI a todos los que quieran acceder al interior del edificio.
De momento, el siguiente paso para desencallar el conflicto entre las dos empresas será el próximo viernes, 7 de abril, fecha en la que están citadas en el juzgado mercantil para una vista de medidas cautelares.