El RACC no ve claras las medidas anunciadas por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y los consistorios de su entorno para prohibir la circulación de los vehículos más antiguos --los de más de 20 ó 25 años-- a partir de 2019.
La entidad, una de las más influyentes y prestigiosas en el mundo automovilístico catalán, ha advertido de que estas propuestas pueden afectar negativamente a la movilidad de gran parte de los ciudadanos --cerca del 50% del parque móvil--, especialmente las de los colectivos más vulnerables, y ha mostrado su preocupación porque "serán muchas las personas y las familias que tendrán problemas para cubrir las necesidades de desplazamiento más básicas de su vida cotidiana".
En una carta enviada esta semana a sus socios, el presidente del RACC, Josep Mateu, asegura que el club no apoyará las medidas de restricción de la circulación si las administraciones no realizan --previamente a la aplicación de dichas medidas-- mejoras significativas en el transporte público y establecen ayudas económicas para los usuarios que se vean obligados a sustituir su vehículo.
La asociación automovilística contactará en los próximos días con las administraciones implicadas en este asunto para instarles a concretar las acciones previstas para mejorar el transporte público --garantizando la movilidad en todas las franjas horarias y en todos los días de la semana de los afectados por las restricciones--; las medidas compensatorias en forma de ayudas a los usuarios que tengan que prescindir de sus coches; el plan de coordinación e implementación de dichas acciones; y los motivos por los que se pretende prohibir la circulación de los turismos más antiguos pero no de los camiones, pese a ser los mayores contaminadores.
El RACC propone, además, un paquete de "acciones complementarias" de "aplicación inmediata" para mejorar la movilidad en el área metropolitana de Barcelona y reducir la contaminación, que incluiría potenciar los aparcamientos de disuasión, económicos y vigilados; extender la velocidad variable a los accesos metropolitanos; implantar los carriles Bus-VAO de bajo coste de inversión; eliminar los vehículos diésel de la flota de autobuses urbanos, e incentivar la compra de vehículos sin emisiones contaminantes.