El Ministerio de Fomento agotará todas las vías para ahorrarse el pago de 1.494 millones de euros a la constructora Abertis, dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM), a modo de compensación por los tráficos de un tramo de la AP-7. De este modo, recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. El contencioso comenzó en 2011.
El ministerio rechaza el criterio del TSJM sobre que el "derecho de cobro pretendido por Abertis se contabilice como activo financiero". Asimismo, considera que la sentencia "no entra a considerar la naturaleza de los saldos anuales que deben ser contabilizados en cada ejercicio". Además, recuerda que se trata de un asunto que ya está pendiente de un pronunciamiento del Supremo.
Todo comenzó en 2006, cuando Abertis alcanzó un acuerdo con Fomento, ratificado mediante Real Decreto en Consejo de Ministros, por el que la compañía de concesiones se comprometía a realizar ampliaciones y mejoras en la AP-7 y a aplicar descuentos en los peajes, a cambio de que el Estado asumiera el riesgo del tráfico de la autopista si el volumen de usuarios no alcanzaba ciertos niveles.
No obstante, en 2011 el ministerio comenzó a plantear dudas sobre la interpretación de este acuerdo, especialmente sobre las compensaciones por tráfico. Según Abertis, Fomento indicó entonces que no consideraba la compensación por tráfico como parte del saldo del convenio y, además, planteaba dudas respecto a la forma en que la compañía lo estaba contabilizando en sus cuentas.
La compañía recurrió al TSJM, que ahora le da la razón y, en paralelo, también elevó el caso al Tribunal Supremo, donde aún está pendiente.
En caso de que finalmente todas las instancias judiciales les den la razón a Abertis, al término de la concesión de la AP-7 en 2021, la compañía tendría derecho a cobrar de Fomento los 1.494 millones de euros acumulados hasta ahora por compensación de tráficos, más el importe que se sume hasta entonces a esta cantidad, además de otros 769 millones por las obras realizadas en la vía.