El Ministerio de Hacienda, encabezado por Cristóbal Montoro, se ha puesto manos a la obra para adaptar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como la plusvalía municipal, al mandato del Tribunal Constitucional. Empezará con la normativa vigente en la Diputación Foral de Guipúzcua, la que anuló el alto tribunal.

Al ser esta una copia de la que existe en la legislación estatal, el ministerio plantea extender las adecuaciones que se apliquen en este territorio. El objetivo es dejar de cobrar la tasa en los casos de ventas de inmuebles sin ganancia o a pérdidas.

Fórmula de cálculo

Los ayuntamientos aplican una fórmula que toma como base el valor catastral del suelo y lo multiplica por un coeficiente en función del número de años que hayan transcurrido entre la compra y la venta. Siempre a su favor, ya que se sobreentiende que la persona que se ha desprendido del inmueble ha obtenido un beneficio en la transacción.

Así ocurría hasta el fin de la burbuja inmobiliaria. La mayoría de viviendas que se adquirieron en esos años ahora ni se acercan al precio de tasación del contrato de compra-venta original, por lo que pierde sentido el cálculo aritmético lineal.

Los consistorios no han corregido su política fiscal. Las plusvalías de transacciones inmobiliarias son una de las principales vías de los ingresos municipales --en Barcelona, por ejemplo, representan el 6% de la partida--. Su cobro ha motivado varios recursos al Constitucional. 

Reforma de la financiación local

La resolución que afecta a Guipúzcua ha sido la primera que ha tomado en el alto tribunal. Se adoptó por unanimidad y reiteró que “en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial”. Es decir, obliga a replantear la aplicación de la plusvalía municipal.

Fuentes del Gobierno indican que incluirán la modificación de este tributo en la reforma de la financiación local. Por el momento, ha creado un grupo de expertos para abordar el gran reto que plantea y que ha frenado la renovación de la norma hasta la fecha. Aún no se ha fijado ninguna fecha para su tramitación.