El grupo de fiscalistas catalán JDA ha aportado su grano de arena al actual debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Defiende que la estimulación del ahorro privado ayuda en uno de los retos que persisten: mantener el poder adquisitivo de las personas que ya no están en edad legal de trabajar. Lo hace en un informe realizado junto a la actuaria y catedrática en Ciencias Económicas María Reyes Pérez Domingo.

Para ello, solicita al Gobierno que actúe desde la perspectiva de los impuestos. Señala que el actual sistema mantiene como “gasto deducible el impuesto sobre sociedades para el pagador y está exento del impuesto sobre la renta de las personas físicas hasta el límite de 8.000 euros anuales en los casos generales”. Pide que se amplíe hasta los 12.000 euros.

Es decir, que se recupere el horizonte de ingresos que existía antes de la reforma. Un cambio “por necesidades de recaudación”, tal y como reconoce JDA en el documento.

Cotizaciones a la Seguridad Social

También se denuncia el trato del sistema de ahorro privado para pensiones “desde la perspectiva de las cotizaciones a la Seguridad Social”. Indica que la cotización de estos vehículos se equipara a la de un “sueldo normal”, por lo que no representa una opción atractiva para la mayoría de las empresas.

Y esto, para el grupo de fiscalistas, es una oportunidad perdida para desatascar el sistema. Realizan un paralelismo entre lo que implicaría facilitar los sistemas de ahorro para completar la pensión pública tras la jubilación con lo que ha supuesto para la sanidad el boom en los seguros privados.

“Si, de pronto, los más de tres millones de asegurados que hay en España fueran a los centros de salud pública, los colapsarían”. Asimismo, implicaría un gasto público que se debería compensar.

Valoración de los empleados

“Nos consta que los empleados valoran como principales aportaciones de salario variable el seguro médico privado, el plan de pensión y la flexibilidad laboral”, indica el director general de JDA, Joan Díaz. La demanda existe, según la firma de servicios especializados en asesoría y consultoría empresarial.

El actual sistema de pensiones implica un desembolso actual de 112.000 millones de euros en 2014, el último ejercicio cerrado, y de 108.000 millones presupuestados en 2015. Los cálculos de JDA muestran cómo un 15% no se cubren mediante las cotizaciones laborales y las perspectivas de los próximos años son pesimistas. El Pacto de Toledo estudia desde hace meses cómo se soluciona un desajuste que pone en jaque todo el sistema.