Álex Riu, presidente del Colegio Oficial de Joyeros, de Orfebres, de Relojeros y de Gemólogos de Catalunya (JORGC) ha expresado el malestar del sector sobre la reforma llevada a cabo por el Gobierno al reducir el límite de pago en efectivo de 2.500 euros a 1.000 euros.

Riu considera la medida, que entró en vigor el 1 de enero, “poco acertada e insuficiente” y aboga por la protección al sector, que “ha sufrido muy severamente los efectos de la crisis, de la que se está recuperando levemente en los últimos dos años, gracias al esfuerzo de los joyewros en la reorientación de sus estrategias de negocio.”

Contra la economía sumergida

Con esta medida Hacienda pretende dificultar la capacidad de hacer operaciones en efectivo, con lo que trata de impedir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Los técnicos de Hacienda calculan que la medida permitirá aumentr la recaudación en 1.500 millones de euros. El sector joyero y relojero no se ha tomado bien la nueva ley, que considera “poco acertada e insuficiente al no dirigirse directamente a los potenciales focos de economía sumergida.”

Además, Riu ha explicado que la Administración debería tener en cuenta el elevado coste de los materiales que emplea y el valor añadido del producto con el que este sector trabaja y que debe entender “que este límite es insuficiente a diferencia de otras muchas industrias.”

En Italia no funcionó

Riu ha comparado la situación que vivió Italia hace cuatro años cuando el gobierno italiano propuso la misma medida. Mario Monti, primer ministro italiano en 2011, limitó el pago en efectivo de 3.000 euros a 1.000, pero la medida no tuvo el efecto previsto. La reforma generó el efecto contrario, ni subieron las ventas ni hubo un mayor control del capital.

Actualmente Francia, Suecia y Dinamarca son los únicos países con un límite de transacciones en efectivo tan bajo, mientras que el resto de países de la zona euro tiene límites superiores u opera sin límites.

En base a estos datos y aludiendo a lo sucedido en Italia, Àlex Riu ha defendido la posición del sector y ha subrayado que “cerca del 80% de las transacciones comerciales en nuestro país se realizan todavía en efectivo, por lo que esta medida coartaría la libertad del consumidor para escoger la modalidad de pago que mejor le convenga” y ha sentenciado: “El consumidor conoce las ventajas de usar medios alternativos al efectivo, aunque a la vez es más suspicaz respecto a la innegable pérdida de confidencialidad y privacidad que conllevan otras alternativas de pago.”