La renta básica universal es una alternativa para sacar del pozo en España a centenares de miles de ciudadanos con salarios míseros o cero ingresos. Su aprobación les garantizaría una vida más digna hasta que su situación mejore.
Aunque no está definido el importe, se baraja el 60% del salario medio: unos 650 euros. Su objetivo sería que no haya gente bajo el umbral de la pobreza (29% en España). El coste se sitúa en torno al 1%-2% del PIB.
LAS NUEVAS GENERACIONES
La implantación de la renta básica, al establecer un sistema universal de apoyo a la familia y garantizar una fuente regular de ingresos, podría contribuir a aumentar los niveles de seguridad económica de las nuevas generaciones.
Los expertos consultados discrepan sobre qué ayudas sociales vigentes sustituiría. Luis Sanzo, responsable del área estadística del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y autor de La introducción de la Renta Básica en España, se opone a un modelo insuficiente para luchar contra la pobreza que implique la eliminación de otras ayudas.
RICOS Y POBRES
“La recibiríamos Ana Botín, tú y yo. Como en cualquier medida económica habría ganadores y perdedores. La elite, el 20% más rico, sería quien, a partir de una reforma fiscal progresiva, financiaría la renta básica al resto de la ciudadanía”, se explica en el V Monográfico de renta básica.
Este libro afronta el tema clave de su financiación, que asegura que puede realizarse mediante una reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), sin tocar otras partidas de carácter clave como la sanidad o las pensiones.
La red Unconditional Basic Income Europe (UBI Europe) espera que, para 2020, al menos un país de la UE haya implantado la renta básica universal.
DEFENSORES Y DETRACTORES
Fervientes defensores de la renta básica como Daniel Raventós, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, aseguran que facilita al individuo la posibilidad de dejar un empleo precario por otro más digno o el acceso al autoempleo.
Daniel Raventós / Youtube
Detractores como Juan Ramón Rallo, doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la tachan de injusta: “Si la renta básica se percibe incondicionalmente, ¿seguirá la gente dispuesta a trabajar o se contentará con disfrutar de su tiempo libre sobreviviendo merced a este subsidio estatal?”.
Solo el 4% de los europeos dejaría su trabajo por una renta básica, según la encuesta realizada a 10.000 personas por Dalia Research en los 28 países de la Unión Europea. Un 64% de los ciudadanos votaría a favor de la medida en un referéndum y solo un 24% lo haría en contra. El mayor miedo para el 40% era que la gente dejase de trabajar.
PENSIONES Y ESTADO DE BIENESTAR
“No deja de ser una propuesta muy radical. ¿Qué hacemos con nuestro sistema de pensiones?”, plantea Ana Arriba, profesora de la Universidad de Alcalá de Henares que expresa sus dudas sobre su viabilidad.
“No se puede avanzar en su implantación sin el paso intermedio que supone la renta garantizada. No podemos ir a saltos”, subraya Joseba Zalakain, director del SIIS Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía Careaga y autor de numerosos estudios sobre pobreza y exclusión social.
Luis Sanzo / Youtube
Expertos como Luis Sanzo consideran que es más viable acercarse al ideal de una renta básica universal a través de la generalización de la protección social que ha caracterizado el desarrollo de los sistemas de Seguridad Social: “Es posible plantear por esa vía una extensión de un conjunto de prestaciones individuales para personas que no tienen ingresos suficientes por trabajo”.
A su juicio, liquidar el sistema tradicional de Seguridad Social puede facilitar una involución completa en el Estado de Bienestar a cambio de una protección insuficientemente garantizada: “Es preciso recordar que no hay ejemplo alguno de Estado con una renta básica universal, fundamentada en derecho y con cuantías garantizadas suficientes para garantizar la superación de la pobreza”
Entre los obstáculos y resistencias a su implantación, Luis Sanzo destaca que en España se antepone el interés particular al principio de solidaridad pública.
SU VIABILIDAD
“Una sociedad tan individualista como la española no comprende la gratuidad. No es bien vista en nuestro país”, señala Enrique Lluch, director del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.
“Si se implanta, todos los españoles la recibirían, por la misma cuantía, independientemente de sus circunstancias, de otras rentas que ya perciban, o de que se tenga o no un trabajo remunerado", explica.
Enrique Lluch / CEU
Lluch aborda, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, la necesidad de asegurar socialmente que las personas y las familias puedan disponer de una renta que les permita vivir dignamente.
El autor detalla en Rentas de ciudadanía. Justicia social desde el bien común los diferentes tipos de rentas que están en el debate público: mínima, básica, garantizada.
Según las estimaciones de los diversos estudios que compara, una renta básica de 7.500 euros anuales (625 euros al mes), para el primer adulto de cada unidad familiar, que sería del 50% para el resto de mayores de 14 años que convivan bajo el mismo techo y del 30% para los menores de 14 años, resultaría viable.
“El montante total de este tipo de renta básica familiar en España solo incrementaría en un 3% las actuales trasferencias corrientes del Estado y las Comunidades Autónomas a las familias, que en los Presupuestos de 2015 fueron de algo más de 208.000 millones de euros”.
PARTIDOS Y SINDICATOS
Partidos y sindicatos coinciden en la necesidad de garantizar unos ingresos mínimos, pero la ausencia de una estrategia compartida imposibilita un acuerdo.
Expertos como José Antonio Noguera, profesor en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, destacan la resistencia a su implantación por parte del PP, aunque ve un avance en los planteamientos del resto de los partidos, excepto C’s, y los sindicatos: “Es difícil que los sindicatos se opongan, con la salvedad de no tocar las pensiones y el desempleo contributivo. Ahora afrontan un debate”.
José Antonio Noguera / Youtube
Destaca las divergencias dentro de Podemos sobre la renta básica incluida en su programa electoral. Valora la propuesta del PSOE que anunció un ingreso mínimo vital para las familias en riesgo de pobreza, con un coste estimado de 6.000 millones de euros anuales y beneficiando a 1,8 millones de personas.
El ingreso mínimo partiría de 426 euros para ir subiendo en familias con hijos. Cree que Ciudadanos ha rebajado las expectativas iniciales, asumiendo apenas un coste de 1.000 millones de euros anuales, y subraya como Izquierda Unida apuesta más por un trabajo garantizado.
LA CEOE
En la patronal exponen sus reparos a la implantación de la renta básica universal con el argumento de que primero es prioritario corregir el déficit público. La CEOE alerta sobre el aumento de la deuda pública que nos hace más vulnerables a episodios de inestabilidad financiera internacional debido a que necesitamos financiación del exterior.
“Es en este contexto, y en el marco de los compromisos adoptados con nuestros socios europeos, en el que se han de valorar iniciativas como la que se plantea de la renta básica universal a efectos de ver no solo su idoneidad, sino particularmente, su viabilidad en términos de financiación”, explica Bernardo Aguilera, director de Asuntos Económicos y Europeos de CEOE.
Hay expertos que consideran que la renta básica también permitirá hacer frente a los problemas de desempleo y salarios estancados o a la baja que traerá la creciente robotización.