Maersk hace frente a Fomento y 'pasa' de la sentencia europea sobre los estibadores

Maersk, la compañía de transporte y logística de contenedores líder en el mundo, está a punto de firmar un acuerdo extraoficial con el sindicato de los entibadores españoles, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM). El objetivo es mantener su estatus actual, y, así, evitar la huelga en sus operaciones portuarias en España, según fuentes internas de Puertos del Estado en su central de Madrid.

La jugada pone en jaque la iniciativa desesperada del nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de reformar el mercado laboral de la estiba según la sentencia firme del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 11 de diciembre de 2014. Mientras, la Coordinadora de estibadores anunciaba ayer una huelga que paralizaría los puertos españoles durante varios días, acarrearía el caos en el consumo y la industria de nuestro país, y obligaría a buscar puertos alternativos a miles de buques en tránsito por el Mediterráneo.

Acuerdo privado

Las mismas fuentes de Puertos, que prefieren mantener el más absoluto anonimato, aseguran que el acuerdo entre Maersk y el sindicato será privado, pero que estará legalmente blindado al colectivo frente a la acción liberalizadora de la sentencia europea y que supone una interferencia grave en la reforma emprendida por el nuevo ministro, además de condicionar al resto del sector y operadores.

Otras fuentes del sector reconocen que la habilidad de la Coordinadora por reclutar al operador más grande del mundo, como Maersk, además de a los pequeños empresarios locales, que ayer ya dieron los primeros signos de discordia con la línea dura del presidente de la patronal, Joaquim Coello. El ministro ha convocado una serie de reuniones urgentes la mañana de este jueves para salvar la reforma, evitar las millonarias multas y neutralizar la firma del acuerdo privado, para unos, y extraoficial, para otros, de Maersk. 

La posición de Fomento

Ana Pastor, la antecesora en el cargo de de la Serna, no quiso entrar en este tema y dilató su aplicación más de tres años. Ahora, el Ministerio reconoce que se han quedado sin tiempo y las multas por incumplimiento superarían los 50 millones de euros en este ejercico, 2017. Fuentes del sector consideran que el ministro “ha entrado como un elefante en una cacharrería y que esto solo puede acabar entre mal y muy mal”; otros, creen que la patronal ha sido muy hábil aprovechando su debut". 

En lo que todos parecen coincidir es en que la Coordinadora funciona como un reloj frente a una patronal teledirigida por los intereses de fondos buitre y sin una representación real del empresariado. El presidente de la patronal Anesco, Joaquim Coello, impuesto por JP Morgan, como propietario de la operadora Noatum, tiene una posición cerrada y solo admite una aplicación de la sentencia dura con una liberalización total. La reforma también implicaría rebajar los sueldos del mínimo de 60.000 euros al año, pasando por una media de 90.000 euros anuales, a un fijo neto de 26.000 euros al año.

Por otra parte, el ministro intenta sin éxito sentar a las partes a la mesa de negociación y, textualmente, “dar cumplimiento a la sentencia en la que se ha flexibilizado al máximo en favor de los trabajadores con el objetivo de garantizar sus derechos", con medidas especiales en un periodo transitorio de tres años, dotadas de fuertes subvenciones públicas.