El Ministerio de Fomento asegura que dialoga y negocia con el sector de la estiba desde hace dos años, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 11 de diciembre de 2014, por la que se condenaba al Reino de España al considerar contrarios al Tratado de la UE aspectos relevantes de la regulación de la estiba en la ley española de puertos. El Gobierno ha emitido esta noche un comunicado tras las movilizaciones protagonizadas por trabajadores del sector, que esta mañana han colapsado los accesos al puerto de Barcelona.

Los empleados están en contra de la reforma que planifica Fomento. Temen que la liberalización, animada por Noatum --la operadora controlada por JP Morgan-- ponga en peligro sus puestos de trabajo y sus privilegios laborales.

El ministerio explica que pidió al sector "que presentara una propuesta consensuada. Sin embargo, todas las peticiones que han hecho han sido rechazadas por la Comisión Europea, al considerar que no cumplen con lo requerido en la sentencia". Denuncia que "la principal reivindicación que han hecho los sindicatos del sector ha sido la creación de un registro nacional de trabajadores. Esta propuesta se planteó ante la Comisión Europea que, en fecha 27 de julio de 2016, contestó al ministerio que era contraria a la sentencia y no se iba a admitir".

Período de adaptación

El Ministerio de Fomento ha elaborado una norma para dar cumplimiento a la sentencia, en la que, asegura, se ha flexibilizado al máximo a favor de los trabajadores. "El objetivo no es otro que garantizar sus derechos", sostiene en ese comunicado. Por ejemplo, se establece un periodo transitorio de adaptación de tres años "que permitirá a los trabajadores y a las empresas actuales adaptarse al nuevo marco legal".

Asimismo, se establece un sistema de compensaciones financieras de la Administración portuaria, de modo que se facilita que los actuales trabajadores conserven sus derechos laborales preexistentes (pasivos laborales). Además, y en cuanto a los requisitos de capacitación de los trabajadores, no serán exigibles los requisitos de titulación a aquellos que acrediten más de 100 jornadas de trabajo en el servicio portuario de manipulación de mercancías.

El ministerio advierte de que la segunda sentencia de la UE, que se producirá en fechas próximas, supondrá para España 134.000 euros cada día por incumplir la sentencia.