La renta garantizada de ciudadanía (RGC) no es por ahora una prioridad para el Gobierno de la Generalitat. Esta ha sido la impresión más repetida tras el encuentro que ha mantenido este lunes la comisión impulsora de la iniciativa legislativa popular (ILP), formada por entidades sociales y partidos políticos.

El pasado viernes, entregaron un documento final en el que habían vertido sus esperanzas para desplegar la medida social entre septiembre y octubre de este año y de forma transitoria hasta 2020. La Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, encabezada por Dolors Bassa, les tenía que contestar este lunes, pero más que cerrar el diálogo han abierto nuevas cuestiones. Según fuentes del grupo de trabajo, dinamitan el pacto final.

Prioridades económicas

Los mismos interlocutores aseguran que la divergencia básica es una cuestión de prioridades. El Gobierno catalán ha pedido más tiempo para poder desplegar la norma ante el previsible alud de peticiones.

Las organizaciones sociales, a su vez, mantienen que con la batería de nuevos impuestos que se incluyen en el proyecto presupuestario de 2017 y la declaración de intenciones futura en este ámbito existe una base suficientemente amplia para sustentar la prestación.

Compaginar con las rentas de trabajo

Tampoco se ha cerrado la discusión de cómo se complementa con las rentas de trabajo extremadamente precarias. El espíritu de la propuesta es conseguir que todas las unidades familiares cuenten con un mínimo de 664 euros al mes para vivir, la cantidad del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC). Con aportaciones extra de hasta 100 euros para otros miembros del hogar que dependieran de esta dotación, como los hijos.

Se debía desarrollar un sistema complejo para poder cobrar la prestación y una nómina a tiempo parcial por debajo del mínimo legal. Sin que eso consolidara la precariedad laboral que se da en algunos sectores, como las trabajadoras del hogar o algunos servicios vinculados al turismo. Evitar, en síntesis, que el sector público completara lo que el privado no hace más por oportunismo que por dificultades económicas empresariales reales.

Ahora, la discusión se debe replantear desde el principio. La Generalitat ha propuesto excluir la complementariedad de la RGC. No sólo para los beneficiarios de una nómina paupérrima según los estándares vigentes, sino también para el resto de miembros de su hogar. 

Nueva reunión el lunes

El grupo de trabajo se reunirá de nuevo el próximo lunes por la mañana. Esperan poder desencallar la situación para cumplir con el plan inicial: empezar a cobrar la prestación el próximo otoño.

Consideran que este escenario ya implica un reto mayúsculo para la RGC. Temen que el procés empañe el debate parlamentario para su aprobación y que no consiga el apoyo político necesario. Antes, deberán pactar el contenido del escrito.