Caixabank añade 110 millones a la dotación para devolver las cláusulas suelo

Los bancos reaccionan al real decreto que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros sobre la devolución de las cláusulas suelo. Caixabank y Banco Popular son las únicas entidades que han anunciado un aumento de la dotación prevista para devolver el importe a sus clientes, que la nueva norma indica que tiene que hacerse en un plazo de tres meses y en efectivo. En concreto, a los 515 millones de euros que ya había provisionado la entidad presidida por Jordi Gual, ha añadido ahora otros 110 millones.

Así lo ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Banco Popular, por su parte, cifra e 229 millones el importe adicional que destinará a devolver las cláusulas suelo. Éstos se suman a los 334 millones anunciados en diciembre, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sin cambios

Por el contrario, los demás bancos mantienen sus dotaciones con las cantidades cifradas antes del real decreto. Es el caso de Banco Sabadell, que prevé que el impacto máximo de la devolución de las cláusulas abusivas será de 490 millones.

Esta fue la provisión aprobada por el grupo el 31 de diciembre, que consideran que serán “suficientes”. La entidad considera que tiene “argumentos jurídicos y procesales” y que no existe una sentencia firme que anule las cláusulas suelo que aplicaba a sus clientes con carácter general, según el comunicado enviado a la CNMV.

El real decreto tampoco modifica los planes del BBVA. La entidad mantiene la dotación de 404 millones para cubrir las reclamaciones de sus clientes en relación a las cláusulas suelo. Bankia es otro de los que ha mantenido el impacto negativo calculado previamente. La retroactividad de las cláusulas suelo en su caso rondará los 200 millones, que en diciembre ya añadió a otros 100 que el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri había provisionado.

Liberbank, por su parte, ha contestado este lunes al requerimiento hecho por la CNMV a raíz del real decreto que éste “no afecta a la información ya comunicada” en diciembre. La entidad cifró entonces en 83 millones el impacto de la sentencia del TJUE.