El Juzgado de Instrucción número 7 de Sant Feliu del Llobregat (Barcelona) investiga si Celsa espió a sus delegados sindicales. Así lo asegura USOC en una querella que ha sido admitida a trámite, según la organización, en la que afirma que la siderúrgica de la familia Rubiralta contrató a detectives privados para perseguir a los trabajadores. La empresa, por su parte, indica que aún no le ha llegado la notificación judicial y declina hacer comentarios sobre el proceso. 

Asegura que se comportaron de forma “agresiva y acosadora” y llegaron a realizar seguimientos en coche que “ponían en riesgo y coaccionaban” tanto a los delegados sindicales como “a sus familiares menores de edad”.

Cámaras de seguridad

USOC denuncia en el escrito judicial la “invasión en la vida privada y las molestias en el entorno familiar” de las persecuciones, que se prolongaron durante más de un año. Además, explica que el pasado noviembre encontró dos micrófonos con cámaras ocultas que estaban “instalados de forma secreta por la empresa en dos dependencias”.

La compañía explicó incluso al sindicato que lo hizo para prevenir robos, aunque avisó a los trabajadores tras la alerta de sus representantes laborales, al contrario de lo que marca la legislación vigente. Por ello, USOC también ha presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo.

Acoso laboral

Afirma que los directivos de Celsa incluso usaron los micrófonos del sistema de emergencias instalado en la factoría para “escuchar las conversaciones de los trabajadores sin que se dieran cuenta”, una “política muy agresiva” en un centro de trabajo que solo produce “productos de acero para la construcción y por lo tanto no fabrica ningún producto de carácter tecnológico sensible e innovador”.

Usoc mantiene que los Rubiralta han aplicado un sistema que somete a la plantilla a una “vigilancia que puede infringir los límites de los derechos individuales de los trabajadores”. El juzgado de Sant Feliu del Llobregat tiene la última palabra. 

Refinanciación de la deuda

La siderúrgia hace frente a la causa judicial mientras negocia los últimos flecos de la refinanciación de su deuda. Se trata de la principal operación de estas características en ciernes en Cataluña, ya que el pasivo asciende a los 2.700 millones de euros.