El departamento de Territorio y Sostenibilidad ha anunciado este jueves que congelará la tarifa de Aigües Ter Llobregat (ATLL) para 2017, que se ha disparado el 107% desde su privatización. La consejería encabezada por Josep Rull asegura que se trata de una medida para evitar trasladar a la ciudadanía el incremento del coste de servicio, aunque fuentes cercanas al político de PDECat (la antigua CDC) aseguran que en la decisión pesa básicamente el contencioso abierto pendiente de resolver en la compañía, la guerra del agua en Cataluña.

La decisión no sale gratis para los bolsillos de los contribuyentes. Los cinco millones de ciudadanos a los que da servicio ATLL no pagarán a través de la factura el incremento de agua en alta que solicitaba la concesionaria, Acciona, pero lo hará de forma indirecta. La Generalitat renuncia durante un año a ingresar siete millones de euros del canon del servicio previsto para el próximo ejercicio, que se eleva a los 15,6 millones. Es decir, asume directamente la Administración la subida del coste de explotación.

Contrato de concesión pendiente del Supremo

El precio del servicio de ATLL es uno de los conceptos que los habitantes de Barcelona y su ámbito de influencia pagan con en el recibo del agua. Son las empresas que realizan la gestión del recuso en baja, la distribución desde los depósitos de cabecera de los municipios hasta los inmuebles y su posterior depuración, las que giran este recibo, pero repercuten el canon directamente al consumidor.

Todo ello, cuando el contrato de servicio de ATLL está en el aire. Se espera que en el arranque de 2017 el Tribunal Supremo decida finalmente si la Generalitat cometió errores en la adjudicación de 2012 --tal y como decretó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en junio de 2015-- que vician el proceso y, como consecuencia, se debe anular la adjudicación a Acciona.

400 millones para Acciona

El Alto Tribunal estatal tiene la última palabra y si falla en el mismo sentido que el resto de plazas, el Gobierno catalán deberá devolver a Acciona los casi 300 millones que abonó en el momento de la firma de la concesión, la inversión que se ha realizado y el pago por canon del servicio que se ha hecho hasta la fecha. La cifra oscila en los 400 millones, a los que se deberían sumar los gastos de un nuevo litigio que la cotizada de la familia Entrecanales ha amenazado con iniciar si pierde la gestión de ATLL. Quiere cobrar una indemnización por daños y perjuicios.

Los siete millones del canon de 2017 no es el primer coste económico del servicio de agua en Cataluña que se perdona a Acciona. La compañía aún no ha pagado los 40 millones de euros de impuestos de transmisiones patrimoniales (ITP) que debía abonar en la firma del contrato de concesión.

Acciona no paga el ITP

La Generalitat nunca ha justificado los motivos que le llevaron a tomar esta decisión, única en la historia de las concesiones en Cataluña. No lo podrá reclamar en menos de un mes, ya que vence el tiempo previsto para exigir a la empresa que se abone.

La congelación de la tarifa de 2017 no es una propuesta en firme, aunque no se esperan problemas para aprobarla. Territorio ha planteado la propuesta en la reunión de este jueves del consejo de la Red de Aguas Ter Llobregat y la próxima semana se aprobará de forma definitiva en el consejo de administración del ACA.