Con el objetivo de regular el alquiler turístico y garantizar la convivencia entre sus usuarios y los residentes, el Gobierno balear modificará la actual Ley de Turismo e incrementará las sanciones a las ofertas ilegales. Y de manera ostensible: las infracciones más graves serán penadas con hasta 40.000 euros.
Entre las principales medidas incluidas en la normativa, se cuentan que los pisos turísticos cuenten con la autorización de la comunidad de propietarios y que las construcciones tengan una antigüedad mínima de diez años. Además, deberá establecerse un registro obligatorio en el que tendrán que inscribirse las viviendas que se anuncien en portales web.
22.000 viviendas, fuera de la legalidad
Las nuevas condiciones no han convencido por completo al sector. La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Baleares (Aptur) lamentan que el nuevo anteproyecto no da respuesta a la realidad del mercado turístico, al dejar fuera de la legalidad a cerca de un 50% de la actual oferta de alquiler (unas 22.000 viviendas).
La entidad recrimina, además, que no se ha escuchado a todas las partes para la elaboración del anteproyecto. Además, lamenta que el borrador quedará supeditado al posterior desarrollo normativo que lleven a cabo los consejos insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
Es más, la Aptur asevera que gran parte de los propietarios se verán afectados "por la misma situación de inseguridad jurídica" actual. Esto es así porque cada consejo delimitará las zonas aptas para la comercialización de estancias turísticas, lo que dará pie a que se "establezcan otras condiciones para la comercialización".
Evitar la masificación turística
El Ejecutivo autonómico establece también la necesidad de garantizar una gestión equilibrada del número de plazas turísticas y de hacer efectivo el principio de intercambio de plazas. Éste último, "para evitar un crecimiento ilimitado de la oferta que provoque una masificación turística".
De hecho, quienes estén interesados en abrir un establecimiento turístico o comercializar estancias de esta índole en una vivienda, tendrán que adquirir las plazas acudiendo a la bolsa insular correspondiente.
Intercambio 'plaza por plaza'
Las plazas también podrán provenir de alojamientos turísticos o de viviendas residenciales que se den de baja, siempre que estos hayan comprado las plazas previamente. Y siempre se hará cumpliendo el intercambio plaza por plaza. Hasta ahora, se permitía adquirir más de una plaza nueva por cada plaza que se daba de baja.
Se contempla, por otro lado, la prohibición de nuevas comercializaciones de estancias turísticas en viviendas ubicadas en suelo rústico protegido, mientras que los inmuebles deberán cumplir una serie de requisitos mínimos. Estas condiciones serán legales, urbanísticas, de sostenibilidad, de eficiencia energética y de calidad turística. "La ley tiene que regular adecuadamente las realidades existentes, minimizando las actividades económicas al margen de la normativa", asevera el Gobierno balear.