Abantia, el grupo de ingeniería catalán que controlaban las familias Boada y Gummà, pasó a manos de Dominion Access a finales del pasado marzo tras un concurso de acreedores exprés solicitado un mes antes en el que se incluía una opción de compra de la filial de CIE Automotive al mismo tiempo que se reconocía la quiebra. Pero esta operación puede quedar en papel mojado, ya que será la Audiencia de Barcelona la que tenga la palabra final sobre su pulcritud.
El Juzgado de lo Mercantil 1 de Barcelona aprobó la venta tras el informe favorable del administrador concursal, EY. La banca acreedora se opuso desde el primer momento a las condiciones de la adjudicación de la unidad productiva y ha elevado el litigio al Alto Tribunal.
Apelaciones a la liquidación
La primera vez que mostró sus discrepancias fue antes de que se aprobara la venta, ya que consideraba que el plan de liquidación era contrario a sus intereses. Presentó varias apelaciones ante la sala encargada de tutelar la quiebra, pero ante la negativa del magistrado de aceptar a trámite sus argumentos, decidió interponer un recurso de queja ante la Audiencia el 17 de marzo.
La Audiencia de Barcelona estimó las reclamaciones de las entidades a finales de julio y devolvió la pelota al Mercantil 1 de Barcelona, que ha emplazado a las partes a comparecer ante el Alto Tribunal para justificar los motivos de la venta.
Decisiones de la Audiencia
La vista que se celebrará en las próximas semanas será clave, ya que se deberán decidir dos cuestiones. La primera, si se anula la compra de Dominion Access y se abre un nuevo proceso de venta con mayor concurrencia.
Pero incluso este proceso podría ser enmendado, ya que la segunda cuestión que deberá avaluar la Audiencia a petición de la banca es la aprobación del plan de liquidación de la concursada.
Condiciones de Dominion
La filial de CIE Automotive pagó dos millones de euros en marzo para hacerse con el control de la ingeniería y asumió otros nueve millones de pérdidas que correspondían a nóminas pendientes de abonar y pagos a la Seguridad Social. De los 140 millones de deuda financiera, que los Boada y Gummà intentaron refinanciar sin éxito, solo se comprometió a aportar cinco millones para facilitar la liquidez del grupo.
Además, se quedó con 964 de los 1.100 trabajadores de la compañía y se comprometió a invertir 25,9 millones en cinco años para impulsar la actividad.
Abantia perdió 39 millones en dos años y la facturación no levantó cabeza. Obtuvo oxígeno de la banca acreedora en 2014 por primera vez al prolongar los plazos de devolución de los 72 millones de deuda financiera, pero un año después fue incapaz de devolver 10 millones. Las desavenencias de los propietarios con Andreu Puig, nombrado consejero delegado en octubre de 2015, precipitaron la quiebra.