El Gobierno de Colombia ha tomado el control, como mínimo durante los próximos dos meses, de la filial eléctrica de Gas Natural Fenosa (GNF) en la zona atlántica, Electricaribe, ante la situación de “quiebra técnica” que presentaba el grupo, en palabras del superintendente de Servicios, José Miguel Mendoza. Es un ejecutivo clave para entender qué ha ocurrido en la región. “Ahora entramos en un proceso para decidir si la toma de posesión es para administrar o liquidar la compañía”, ha explicado en una rueda de prensa en Barranquilla, sede de la energética.
La decisión se tomará en el periodo de tiempo “más breve posible” después del “diagnóstico” que se realizará de las cuentas y la actividad de la compañía. La ley nacional contempla un periodo de dos meses prolongables a otros dos.
Renovación de directivos
El personal de GNF en la región, una delegación capitaneada hasta la fecha por José García Sanleandro, ha sido “removido” de su lugar de trabajo este lunes a las 08:00 horas (hora local), cuando el Ejecutivo de Juan Manuel Santos ha entrado en las oficinas de Electicaribe para notificar la “toma de posesión amigable”, según el ministro de Minas, Germán Arce.
Tetra Tech, una firma estadounidense cotizada en el Nasdaq, participará activamente en “asegurar la prestación de servicios”. El delegado de la compañía es desde ahora Javier Lastra, especialista en la toma de control de energéticas al borde de la quiebra --gestionó la central de Termocandelaria tras su suspensión de pagos--, y Edgardo Sojo, presidente hasta la fecha del Comité Intergremial del Atlántico, será el nuevo presidente.
Partidas especiales para inversiones
Mendoza ha mandado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores, que de momento mantendrán el empleo sin ningún cambio, y a los usuarios de Electricaribe. Por ahora, el futuro de la compañía está en el aire hasta que no se complete la radiografía de la situación. Gas Natural había anunciado cortes del servicio, ya que el nivel de morosidad y fraude había llevado las cuentas de la compañía y la calidad del servicio al límite.
Javier Lastra y Edgardo Sojo, nuevos delegado y presidente de Electricaribe
Es inevitable que continúen, pero entre las promesas del Gobierno colombiano tras la intervención está la de movilizar partidas específicas en casos de problemas energéticos para ejecutar inversiones que, asegura, ya se negocian con el ministerio de Hacienda.
Negociación en marcha
Con todo, Colombia no es por ahora propietaria de Electricaribe. Es su gestora temporal fruto de la falta de liquidez de la compañía, indican fuentes de la energética de Barcelona. Han remarcado, incluso en un mensaje remitido a los accionistas, que las negociaciones no están rotas y que se proseguirá en la búsqueda de una solución.
Al otro lado del Atlántico aceptan que la búsqueda de un proceso de resolución está en marcha y que los puentes no están rotos, pero con matices. Mendoza ha relatado como por el momento no se ha alcanzado un pacto tras “un fin de semana particularmente activo”. Y es que el presidente de GNF, Isidro Fainé, se desplazó hasta Colombia para intentar desbloquear la situación con el Gobierno de Santos. Antes, incluso había intervenido en esta cuestión el rey Felipe VI, que solicitó encuentros al más alto nivel para abordar una resolución amigable en la Cumbre Iberoamericana de Cartagena, que tuvo lugar a finales de octubre.
Pero lo único amigable que contempla el Ejecutivo en este momento es la toma de control de la compañía energética.
Provisión del impacto y conflicto en el Ciadi
Por ahora, la cuestión no ha entrado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). Hasta principios de febrero no vencen los seis meses que deben pasar desde que el conflicto se hace oficial hasta que la institucional del Banco Mundial asume su arbitraje. Todos los implicados entienden que este es el escenario más factible del futuro del conflicto.
GNF tiene provisionado el 85% del impacto de Electricaribe en las cuentas de la compañía desde hace meses. En la presentación de los resultados del tercer trimestre aseguraron que era la forma más responsable de hacer frente a los problemas económicos de la filial que, según el Gobierno de Colombia, incluso puede terminar en resolución.