La financiación que se incluye en el anteproyecto de ley de Cámaras de Comercio que la Consejería de Empresa y Conocimiento, encabezada por Jordi Baiget, ha puesto sobre la mesa de las 13 organizaciones de representación empresarial es la cuestión que más oposición ha cosechado entre los afectados. Todas ellas se oponen en bloque al borrador de la norma y exigen diálogo a la Generalitat, pero lamentan que se pase de puntillas por una de las cuestiones que más ha complicado la supervivencia de las instituciones territoriales.

“Cataluña no debería llegar al extremo de que las Cámaras fueran a la suspensión de pagos como ha ocurrido en Zaragoza”, alerta en conversación con Crónica Global el presidente de la entidad de Tortosa, José María Chavarría. “Nuestra demarcación (Terres de l’Ebre) queda lejos de los centros de decisión y ya arrastramos un déficit que perjudica claramente a la competitividad de nuestras empresas”, describe, una situación que considera que va a más con la propuesta legislativa actual.

La viabilidad, en juego

“Pone en juego nuestra viabilidad y, por lo tanto, la posible desaparición en beneficio de una Cámara General de Cataluña que nunca podrá ofrecer el mismo modelo de representación, servicio y arraigo a las empresas de nuestro territorio”, concluye. “Ejercerá como un competidor más tanto desde el punto de vista de la representación como en la prestación de servicios y la capacidad para generar ingresos”, añade el presidente de la Cámara de Comercio de Sabadell, Antoni Brunet.

El empresario lamenta que el anteproyecto muestre una “incapacidad para definir un modelo de financiación estabilizado”; que defina unas funciones para las cámaras del territorio “más pequeño que el de la ley básica” y que la futura Cámara catalana “resta potencia” a estas organizaciones.

Golpe al progreso

“Las empresas de la demarcación de la Cámara de Comercio de Reus sufriremos, como el resto de organizaciones, un aislamiento y un apoyo más limitado de su Cámara”, indica Isaac Sanromà, presidente de la organización de Reus. “La financiación también sufrirá, ya que la Cámara General de Cataluña buscará los recursos en muchas empresas con las que las cámaras mantienen actualmente acuerdos de patrocinio y colaboración”.

“Puede ser un golpe muy duro al progreso [de las organizaciones de representación empresarial]”, sentencia.

Representatividad por elecciones

“Nos hubiera gustado que la nueva ley fuera un referente para el territorio”, indica el presidente de Palamós, Xavier Ribera Serra. Esta Cámara de Comercio está en proceso de fusión con la de Sant Feliu de Guíxols por las estrecheces económicas y no podrá concluir la unión hasta que no se publique la norma, algo complicado en la legislatura vigente. Considera positiva la forma con la que se aborda en la propuesta presentada, pero lamenta la “contradicción con la financiación que viene de la parte pública” en el modelo que se impulsa desde el Govern.

Además de la representatividad. “Los miembros de la Cámara General de Cataluña se deberían elegir en las elecciones de las organizaciones”, manifiesta.

Confusión entre Cámaras de Comercio y patronales

Ribera hace referencia a otra cuestión que se ha criticado en el territorio: que la nueva norma confunde el rol de las Cámaras de Comercio con la de las patronales.

“Una cosa son las asociaciones privadas que defienden los intereses de un colectivo privado, nosotros somos organismos de derecho público y que defendemos los intereses de las empresas en general”, destaca, “a lo que se debe sumar la red internacional, con organizaciones similares en todo el mundo”.

Tiempo de negociación

Los presidentes indican que la consejería les remitió las líneas generales del proyecto a finales de julio y que hasta que se ha publicado el redactado final no se había puesto de nuevo en contacto con las organizaciones.

Señalan que hay tiempo para negociar y que se debe aprovechar el periodo de exposición pública para “pulir el documento”, indican los portavoces de la Cámara de Tarragona que han declinado hacer ninguna valoración del proyecto más allá de la manifestación conjunta hasta que no se publique la norma final.