Jordi Baiget, consejero de Empresa y Conocimiento catalán, se marcó como uno de los objetivos de legislatura aprobar la ley de las Cámaras de Comercio de Cataluña. Ha abierto la caja de Pandora con el anteproyecto que puso sobre la mesa el 18 de octubre al ser contestado de forma unánime por las 13 organizaciones de dinamización empresarial existentes en Cataluña y cosechar críticas en el territorio. Se ha pillado los dedos por una norma que se enfrenta a un calendario muy complicado para que llegue a ver la luz, indican fuentes del entorno del político.
Las entidades afectadas ya han comunicado su intención de participar activamente en el proceso para intentar modificar la norma en el proceso de alegaciones. El presidente del Consejo de Cámaras, Miquel Valls, pidió “diálogo” a la consejería el jueves pasado. Tramitarlas será un proceso largo si la Generalitat no se quiere enfrentar abiertamente con unos agentes con gran implicación en la dinamización económica local.
Avance electoral
Además, chocará con el calendario electoral que ha establecido Junts pel Sí, indican otras fuentes conocedoras del proceso. Los 18 meses que el presidente Carles Puigdemont marcó como legislatura acaban en julio y el propio Govern ha hablado en alguna ocasión de comicios en primavera.
Deberían ser el último paso de la ruptura con España, unas elecciones que servirán para bendecir o rechazar el procés tal y como se han planteado hasta la fecha por la confluencia de CDC y ERC y la CUP, que va un paso más allá al defender la independencia unilateral. Pero nadie descarta que tengan lugar incluso antes si Oriol Junqueras, vicepresidente económico, no consigue los apoyos parlamentarios a los presupuestos.
En ninguno de los dos escenarios la norma podría aprobarse. Más si se tiene en cuenta que Junts pel Sí necesita el apoyo de algún otro grupo parlamentario para sacar el proyecto adelante y apoyar la iniciativa con Junts pel Sí implica sumarse al carro de una iniciativa que ha recibido la oposición del tejido económico local.
Discrepancias entre ERC y CDC
Incluso ha profundizado en las discrepancias de los socios de Gobierno. Los republicanos tradicionalmente cuentan con una presencia más destacada en el territorio. Son muy próximos a sectores como el comercio o los pequeños empresarios que impulsan la actividad económica local y empiezan a recibir las quejas de que su poder se diluirá en una Cámara General de Cataluña que deberá sustituir al Consejo.
Los miembros del actual pleno se eligen por cuotas según el peso de las organizaciones. Las provincias de Barcelona y Tarragona controlan cada uno de ellos un 31% de los participantes, mientras que Girona debe designar a otro 23% y el 15% restante sale de las tierras de Lleida. Empresa plantea rebajar estas cuotas de entre el 7% y el 5% según el tamaño de las organizaciones y el 78% se eligen a través de otros criterios, con mayor presencia de grandes compañías.
ERC no se opondrá directamente al anteproyecto de ley, indican fuentes del partido, pero sí trasladarán los reparos del territorio a CDC, responsable de la cartera de Empresa y Conocimiento.