La tensión entre las 13 Cámaras de Comercio de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat por la futura ley que las ordenará lejos de amainar va en aumento. El consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, ha asegurado que mantiene “conversaciones abiertas” con las organizaciones y que se ha iniciado un “debate sano de modelo” tras la rebelión unánime de las organizaciones de dinamización empresarial.

La norma con la que trabaja la Generalitat las convertirá en unas organizaciones “fuertes, útiles, modernas y democráticas” ha asegurado en un acto en el que ha participado junto a la persona que se ha postulado como presidente de la futura Cámara General de Cataluña, Antoni Abad, presidente de Cecot. “Si nos escuchamos todos, tomaremos mejores decisiones”, ha manifestado el empresario de Terrassa (Barcelona), muy próximo a CDC.

Comunicación sin negociación

La explicación que ha dado posteriormente el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de Cataluña, Miquel Valls, dista mucho de esta imagen. Ha negado que se haya abierto ya esta vía de diálogo y ha pedido al consejero Baiget que diferencie entre lo que es “comunicar y lo que es negociar”.

Valls ha relatado que las 13 cámaras le hicieron llegar su propuesta para la futura ley catalana del sector a la Generalitat en línea a su proactividad a la hora de proponer cosas y que el Gobierno catalán les contestó con otra iniciativa distinta, la del anteproyecto de ley. Pero tienen pendiente “negociar los puntos de vista”, algo que esperan que ocurra “en los próximos meses”.

Cuestiones pendientes de resolver

Ha incidido en la importancia de solucionar cuestiones como la financiación o la gobernanza de la futura Cámara General de Cataluña. “Desde el inicio hemos visto que las 13 organizaciones territoriales están infrarrepresentadas, igual que ocurre con las patronales Pimec y Foment del Treball”, señaló el presidente del consejo.

En cuanto a las “conversaciones” a las que ha hecho referencia Baiget, Valls ha explicado que espera que se transforme en breve “en una negociación”.

El anteproyecto de ley se llevará al pleno del Parlamento catalán en el primer trimestre de 2017.