Montoro pide ayuda a Suiza para destapar las cuentas de españoles en el UBS

La Agencia Tributaria española ha solicitado asistencia administrativa a su homóloga suiza para averiguar quién está detrás de una serie de cuentas bancarias abiertas en el gigante UBS. El fisco español posee los números de todos los depósitos gracias a la información recibida del Gobierno alemán. Éste, previo pago de una fuerte suma, se hizo con un registro informático que abarcaba datos de varios países europeos y cursó copias a sus autoridades respectivas.

En su petición, el ministerio que dirige Cristóbal Montoro pretende averiguar los saldos que esas cuentas arrojaron durante los años 2012 a 2015, amén de las rentas obtenidas y otros pormenores de relevancia fiscal.

En unas semanas

La Hacienda suiza ha recabado los datos pertinentes a UBS y estudia ahora si da curso al requerimiento de Montoro. Es de prever que adopte una resolución, sea favorable o sea denegatoria, en el plazo de unas pocas semanas.

Entre tanto, UBS ya ha comunicado por carta la situación a cada uno de los clientes afectados. Éstos pueden oponerse a la solicitud mediante la presentación de un recurso ante la agencia tributaria helvética. Disponen para ello de un breve plazo de 20 días.

El fin del secreto bancario

En 2012, los bancos suizos anunciaron a sus depositantes extranjeros que el secreto bancario tocaba a su fin y les informaron de que debían regularizar sus depósitos ante sus haciendas respectivas. En caso contrario, les sugerían amablemente que se buscaran acomodo en alguna otra entidad u otro país.

El grueso de la clientela española pasó por el aro y afloró sus recursos a ojos de la Agencia Tributaria. Muchos lo hicieron al amparo de la amnistía fiscal oportunamente ofrecida por el ministerio de Cristóbal Montoro. Otros prefirieron utilizar el viejo canal de las declaraciones complementarias o “paralelas”.

225.000 ciudadanos con 140.000 millones

Así comenzó un proceso de levantamiento del velo sobre el patrimonio oculto de los potentados celtibéricos en el exterior. Según las últimas cifras divulgadas, la puesta al día de las obligaciones fiscales abarca ya 225.000 ciudadanos con unos activos conjuntos de 140.000 millones de euros, repartidos entre fondos de inversión, valores, cuentas bancarias e inmuebles. Aparte de ellos, quedan unos 8.000 españoles, que hasta ahora no han regularizado y que tendrían algo más de 6.000 millones de euros. 

Esos evasores decidieron mantener a todo trance la opacidad y no se tomaron la molestia de regularizar sus patrimonios. Ahora se cierne sobre ellos la espada de Damocles de unas liquidaciones que, con intereses y multas, pueden superar con creces el importe de los caudales que trataron de escabullir.