El caso BPA, el escándalo bancario y financiero más importante que se ha producido jamás en Andorra, a punto para el juicio.
La juez instructora que ha investigado a la entidad por blanqueo internacional de capitales acaba de concluir la instrucción de este macrosumario por el que permanece encarcelado, de forma preventiva, el consejero delegado de la entidad y principal encausado, Joan Pau Miquel. De hecho, la magistrada, antes de terminar formalmente las indagaciones, ha prorrogado por cuarta y última vez la prisión preventiva de Miquel. Según los autos judiciales, sobre él recaen, aún, sospechas de su voluntad de eliminar pruebas (indispensables para conocer el alcance de los presuntos delitos) y de riesgo de fuga.
Un año más de prisión preventiva
La juez ha enviado el caso al Tribunal de Corts, el equivalente en Andorra a la española Audiencia Nacional. Cinco son los magistrados que componen esa sala penal, dos de nacionalidad española, dos andorranos, y un magistrado francés.
La leyes procesales andorranas contemplan un máximo de 20 meses de prisión preventiva. Joan Pau Miquel, que ingresó en la cárcel el 16 de marzo de 2015, lleva, por lo tanto, 19 meses en prisión. Sin embargo, el código penal andorrano permite al Tribunal de Corts ampliar hasta en un año esos 20 meses de prisión preventiva de tal forma que, según todos los indicios, el CEO de BPA no abandonará la cárcel hasta, como mínimo, la fecha en que se conozca la eventual sentencia.
En ese sentido, la estimación es que el juicio se celebre antes de seis meses. En este periodo, defensas y acusación tendrán el margen de tiempo suficiente como para presentar las alegaciones que, sobre la tramitación de la causa, estimen oportunas e incorporen sus correspondientes escritos de acusación.
Piden imputación
Por otro lado, la defensa jurídica de la familia Pujol ha pedido a la Justicia andorrana la imputación del expropietario del BPA Higini Cierco, a quien considera copartícipe por la supuesta filtración de datos bancarios de la familia del expresidente de la Generalitat a la policía española. Según Pujol, la cúpula del BPA cedió a las presiones policiales y vulneró el secreto bancario con sus revelaciones.
La defensa el expresident ha decidido pedir la imputación de Higini Cierco tras la publicación por parte de El Español de unas fotografías en las que aparece Cierco junto con el exCEO del banco en plenos contactos con la policía española.