El Gobierno en funciones no atenderá la petición de la mayoría de la oposición y los dos principales sindicatos del país, CCOO y UGT, de equiparar las pensiones al IPC anual para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este viernes tras la reunión del consejo de ministros que la iniciativa se debería haber analizado y tratado en un encuentro del Pacto de Toledo y no mediante el registro de un proyecto de ley en el Congreso.

La líder del PP apuesta por analizar la cuestión por esta vía, aunque reconoce que será complicado tenerla en cuenta debido a la necesidad de recortar gastos del Ejecutivo. Debe presentar ante Bruselas unos presupuestos con menos gastos tanto este año como el próximo, se deben recortar unos 10.000 millones de euros, y los debe cumplir para no agotar la paciencia de la Comisión Europea.

Ciudadanos, al lado del PP

La Seguridad Social no puede asumir la subida con más presión sobre las cotizaciones, que ya están al límite, y la partida extraordinaria que piden los sindicatos implica incrementar el capítulo de gasto. Con el panorama actual, se debería compensar por otro lado y no es una cuestión que el PP vaya a abordar de buenas a primeras.

Ciudadanos tampoco ha cogido el guante que le ha lanzado el resto de la oposición. El partido ha señalado que equiparar las retribuciones de este ejercicio con  el IPC es poner un parche a un problema mayor latente. Pide que se abra el debte tanto de la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados como la necesidad de apuntalar el sistema para que tenga viabilidad a largo plazo. Algo que comparte Sáenz de Santamaría.

Defensa de la reforma

Antes de que la vicepresidenta compareciera ante los medios, la portavoz popular en la comisión del Pacto de Toledo, Carolina España, ha defendido el sistema de retribuciones por jubilación del Gobierno de Rajoy. “Con esta ley no les ha ido mal a los pensionistas, han recuperado poder adquisitivo” si se tiene en cuenta que en los últimos años el IPC ha cerrado en negativo y los pagos se han congelado o incrementado levemente.

El PP asegura que la norma que impulsaron ha permitido aumentar las pensiones en un total de 1.106 millones desde 2011.