La celebración de la 15 Diada de las Telecomunicaciones de Cataluña reunió a más de 500 profesionales del sector el pasado jueves en el Cosmocaixa de Barcelona. Como suele ser habitual, se organizaron varias mesas de debate y la sesión inaugural tuvo una especial cobertura mediática al correr a cargo del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, que lanzó un alegato a favor del independentismo y el Gobierno catalán antes de la votación de la moción de confianza a su sucesor, Carles Puigdemont, en el Parlamento. Pero el verdadero protagonismo del evento estaba lejos del renovado museo de la ciencia de Caixabank: la jornada se convertía de nuevo en pasto de litigio de la guerra de las telecos en Cataluña.
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (Coitt) presentó el 23 de septiembre una suplica ante la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que se adopten las “medidas oportunas encaminadas al cumplimiento de la sentencia”.
Anulación judicial de la creación
Es decir, contra la nulidad del proceso de creación del Colegio de Ingenieros Técnicos y Peritos de Telecomunicación de Cataluña (CETPTC) decretada por la misma sala en mayo de 2014 y confirmada en junio por el Tribunal Supremo.
Tras el nuevo envite judicial está la forma en la que se organizó la Diada de las Telecomunicaciones. Los denunciantes consideran que la convocaba la organización que debería haber desaparecido por orden judicial, con la que acumulan acusaciones y desencuentros cruzados, incluso a título individual entre miembros de ambas entidades; mientras que los acusados mantienen que lo hizo la Asociación de Ingeniería de Telecomunicación de Cataluña (AETTEC), que opera de forma inaudita bajo la marca GrausTIC, la organización en la que se recicló.
El papel de Ferran Amago
El TSJC deberá decir quién tiene la razón, aunque más allá de la convocatoria también se pone en duda en la suplica el papel que ejerce el que fuera decano del CETPTC y que aún lidera la nueva asociación, Ferran Amago.
Firma el programa “como decano, y recogiendo su nombre como miembro del comité de honor, como si estuviera vigente su cargo (incluso anteponiendo el tratamiento de Ilustrísimo), o como si el propio colegio continuara existiendo”, lo que consideran que supone que se hace “caso omiso” a las sentencias --el Supremo incluso desestimado el recurso de casación presentado-- y “supone en definitiva un desafío a esa Sala”.
Apoyo institucional en juego
El debate que quiere plantear de fondo es si tras la anulación judicial de una organización es de recibo que con una simple adecuación mercantil. Si puede la nueva sociedad mantener el apoyo institucional que tenía el extinto colegio o si debe pasar a la delegación catalana del Coitt, con sede en Tarragona.