El Gobierno no sancionará a Seat por los 700.000 vehículos de la compañía afectados en por el diéselgate. El Consejo de Ministros de este viernes ha decidido suspender el procedimiento que el Industria, Energía y Turismo había incoado a la automovilística porqué existen “actuaciones judiciales en curso por los mismos hechos y la jurisdicción penal prevalece sobre la administrativa”, indica la medida anunciada en la reunión semanal del gabinete en funciones.
La investigación se abrió el pasado 11 de julio. El Ministerio decidió ese día que Seat era presunta responsable de una infracción muy grave al haber incumplido la obligación de satisfacer los requisitos reglamentarios aplicables para la homologación en materia de emisiones. Es decir, por vender vehículos con un software instalado para detectar cuándo se encontraba en una revisión que se activaba y reducía las emisiones de óxidos de nitrógeno.
Colaboración de Seat
Pero como la Audiencia Nacional ha iniciado acciones para dirimir las presuntas responsabilidades de la compañía con sede en Martorell (Barcelona), es el Alto Tribunal el que tomará una decisión al respecto y no el Gobierno en funciones.
Seat había presentado alegaciones al Ministerio tras recibir un requerimiento de información. El presidente del grupo, Luca de Meo, afirmó el jueves en el marco de un encuentro con prensa en el Salón del Automóvil de París que la compañía colaboraba y pensaba colaborar lo máximo posible con el Gobierno para esclarecer la situación.