La comisión de Economía y Hacienda de Barcelona ha acordado este martes estudiar una nueva tasa, impuesto o precio público municipal para el turismo, con el objetivo de compensar la balanza entre los costes y los beneficios de las actividades turísticas, aunque se ha convenido en que el ayuntamiento seguirá reivindicando la cesión del 100% del impuesto que ya puso en marcha hace tres años la Generalitat.
La proposición, presentada por la concejal de CiU Sònia Recasens, ha recibido el apoyo de los 11 concejales de BComú, los diez de CiU y los cuatro del PSC; el voto en contra de los cinco de C's y los tres del PP, mientras que los cinco de ERC y los tres de la CUP se han abstenido, y prevé que la tasa municipal se empiece a aplicar en 2017.
Los cruceristas
El concejal de Empresa y Turismo de Barcelona, Agustí Colom, ha expresado que la reivindicación de la totalidad de la tasa al Govern en el marco del grupo de trabajo mixto Ayuntamiento-Generalitat también obligará a hablar sobre la fiscalidad que se debe aplicar a los cruceristas.
El concejal de C's Paco Sierra ha criticado que se reclame a la Generalitat la totalidad del impuesto existente "por razones de solidaridad", y ha asegurado que implementar una nueva tasa puede traer problemas de doble imposición, mientras que Javier Mulleras (PP) ha asegurado que el consistorio debe aprovechar las herramientas que tiene actualmente.
Alfred Bosch (ERC) ha propuesto que el ayuntamiento aumente el mismo impuesto de estancias en alojamientos turísticos que ya existe, así como la creación de un impuesto para los cruceros, aunque también ha alertado a Recasens de que la propuesta de la nueva tasa turística necesita más concreción, y el concejal de la CUP Josep Garganté ha propuesto que lo recaudado se destine a problemas de vivienda y pobreza energética.