Sólo el 16% de las viviendas en España obtiene una calificación entre A y D en su certificado energético. El resto recibe una calificación de E, F o G. Además, sólo el 1% obtiene la máxima calificación, la A, y hasta el 42% de casas de nueva construcción tiene un certificado E o inferior. Como consecuencia, los edificios españoles tienen un margen de mejora de hasta el 50%.

 

El pasado 1 de junio se cumplieron tres años desde que se convirtió en obligatoria la emisión del certificado de eficiencia energética en la compraventa y alquiler de viviendas y edificios. Para su obtención, el sistema de evaluación establece siete niveles de certificados, de la A a la G, dependiendo del nivel de excelencia del comportamiento energético de la vivienda.

 

“España ha de ser ambiciosa en la adecuación de los hogares a los estándares de eficiencia energética tanto por el ahorro de energía como el que supondrá a las familias en las facturas de sus suministros”, afirma Emiliano Bermúdez, subdirector general de donpiso.

 

La eficiencia energética tiene incidencia directa en el gasto total destinado a climatizar una vivienda, del que el 70% equivale a calefacción, el 20% a calentar el agua y el 10% restante a refrigeración. Por comunidades autónomas, aquellas en las que se consume más calefacción son Castilla y León y Navarra, mientras que Andalucía y Canarias son donde menos se consume. Precisamente Canarias es, junto a la Comunidad Valencia, donde más se invierte en aire acondicionado.

Viviendas anticuadas

Uno de cada dos españoles desconoce la existencia del certificado energético pero el 65% de los que lo conocen no lo tendría en cuenta a la hora de comprar una vivienda. Sin embargo, el correcto acondicionamiento de una vivienda que cuente con la categoría A provocará un ahorro de hasta el 90% de la energía consumida respecto a una catalogada con el nivel G. Una de clase B en torno al 70% menos; y la clase C, el 35% menos. Para incentivar la concienciación de la ciudadanía, desde el Gobierno se han propuesto descuentos de hasta un 20% en el IBI de los edificios dependiendo de su grado de eficiencia energética.

 

“Si queremos estar a la altura del potencial de nuestro mercado inmobiliario hemos de ser también un ejemplo en materia energética”, añade Emiliano Bermúdez. En España hay 25 millones de viviendas de las cuales casi el 25% tiene más de 50 años, lo que incrementa significativamente la inadaptación de los hogares a los requisitos energéticos. En este sentido, el 58% de los edificios españoles se ha construido sin ningún criterio de eficiencia. De hecho, el 90% de las viviendas es anterior a la aplicación del Código Técnico de la Edificación (CTE), que data del año 2006.

 

Si se publicitase la venta o alquiler de un piso sin el certificado energético correspondiente, el vendedor o arrendatario se enfrentaría a una multa de hasta 600 euros. Además, falsear la información o actuar como agente certificador sin contar con la titulación se castiga con una multa de hasta 6.000 euros.