El consejero de Empresa catalán, Jordi Baiget, trabaja de manera informal desde hace algo más de dos meses junto a las Cámaras de Comercio que operan en el territorio para cumplir con su objetivo de legislatura de dar forma a la nueva ley que regulará el sector. Los contactos se han dado, pero los máximos ejecutivos de las instituciones incrementan desde hace días la presión sobre el departamento para que se dé prisa. Quieren arrancar, como mínimo, un pacto sobre el calendario.

El principal problema de los líderes de las cámaras catalanas es que algunos de ellos llevan más de 10 años en la poltrona. La norma anterior fijaba un límite de tres mandatos de cuatro años y, superados desde hace tiempo, algunos patronos requieren ya plantear el relevo al frente de la institución. Ya sea por una cuestión de regeneración, tal y como recuerdan desde las instituciones, como por una cuestión de salud de algunos de los empresarios que están al pie del cañón.

Tramitación después de verano

El plan ideal para las Cámaras es que, después del verano, se abra oficialmente la tramitación de la nueva ley. Iniciar la gestión burocrática para conseguir, si fuera posible, la renovación de la cúpula de las instituciones antes de que termine el ejercicio.

Este plan, no obstante, tiene un problema. Como ellos mismos reconocen, hasta que el presidente catalán, Carles Puigdemont, no supere la moción de confianza en el Parlament el 28 de septiembre no se pude poner en marcha. La aprobación del proceso constituyente esta semana disipó las dudas sobre la continuidad del Gobierno de Junts pel Sí y, de rebote, certificó que la legislatura seguirá en marcha.

Prioridad y urgencia

Baiget ha defendido siempre que, a pesar de que la nueva ley de cámaras es una de sus prioridades, no es una cuestión urgente en el marco del proceso de desconexión del Estado que se ha iniciado. Con todo, desde las instituciones camerales indican que el Govern tiene en cuenta su petición de no dejar de nuevo la tramitación de la norma en un cajón.

Según la norma estatal del sector, las comunidades autónomas debían disponer de una nueva ley que regulase el funcionamiento de las instituciones de dinamización empresarial el 31 de marzo de 2014. La cuestión, por el momento, sigue estancada en Cataluña.