La CNMC pone la lupa en la opacidad de las ayudas estatales a Correos

La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) pone el foco en la opacidad de las ayudas estatales a Correos y publica una propuesta para calcular el coste neto del Servicio Postal Universal (SPU), tras la ley que entró en vigor en 2011 y que todavía carece de cumplimiento gubernamental.

Correos pierde dinero (unos 220 millones en cinco años). La polémica se remonta a enero de 2011, con la entrada en vigor de la Ley del Sector Postal y el establecimiento del SPU para la división Sociedad Correos y Telégrafos hasta 2025. Desde entonces, el Gobierno ha inyectado 1.152 millones en la compañía por este concepto opaco, ya que cinco años después no se ha establecido ningún Plan de Prestación del SPU ni un Contrato Regulador de la Prestación del SPU.

Sospechas sobre el destino de los fondos

El Gobierno ha incumplido hasta ahora con su obligación legal y ha dificultado la actividad supervisora de la CNMC. Los cálculos deben ser anuales y a partir de la verificación del coste neto del SPU. Los portavoces de la Organización Empresarial de Logística y Transporte UNO han denunciado reiteradamente este suceso e incluso lo han llevado a Bruselas y a la misma CNMC.

El último movimiento lo ha realizado la CNMC con la elaboración de la propuesta metodológica para el cálculo neto del SPU –las ayudas que debe recibir Correos en compensación por este servicio. Mientras la ley sigue en el limbo, las sospechas sobre el destino final de las ayudas en estos años se han disparado: desde el uso para cubrir los costes de personal, hasta sospechas de que parte de la aportación se destina al servicio de paquetería (de la división Correos Express). Todo ello con las acusaciones de dumping para ahogar a la competencia.

Investigaciones

Debe tenerse en cuenta que la Dirección de Competencia de la Comisión Europea está investigando una serie de ayudas públicas recibidas por Correos en el periodo entre 2004 y 2010. La nueva metodología de cálculo del coste neto del SPU que finalmente adopte el Gobierno, previo informe de la CNMC, deberá asegurar el cumplimiento de la normativa europea de ayudas públicas.